Haciendo lugar a una acción de amparo presentada por los legisladores de la oposición Eduardo Epszteyn, del bloque Diálogo por Buenos Aires, y Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, la justicia porteña frenó el llamado a licitación pública que planteaba un endeudamiento de 600 millones de pesos de la empresa AUSA, dependiente del gobierno porteño, para la realización de obras.

El fallo fue emitido por el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 11, a cargo del Fernando Lima hizo lugar a la acción de amparo presentada con el fin de suspender la licitación por considerar que todo endeudamiento debe ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad, debido a que así lo determina la Constitución porteña.

De acuerdo a lo argumentado por los legisladores, el hecho de que AUSA sea un organismo descentralizado no la exime de la exigencia del aval legislativo, debido a que de todas maneras la deuda recae sobre las cuentas públicas.

Tras recordar que el Poder Ejecutivo había remitido a la Legislatura el pedido de autorización para tomar otros créditos, como el que se destinará a la obra de subtes y para el equipamiento de hospitales, los legisladores remarcaron que debía acontecer lo mismo en el caso de AUSA, debido a que a pesar de que figura como una Sociedad Anónima, es 99,9 por ciento propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Si bien el magistrado no se expidió sobre el fondo del asunto, dispuso ayer como medida cautelar frenar el trámite de licitación, advirtiendo “la irregularidad” en la “búsqueda de este tipo de financiamiento” entre entidades privadas.