La Oficina Anti-Corrupción (en adelante, OA) dictó la Resolución RESOL-2021-3-APN-OA#PTE (en adelante, la Resolución) encomendando a su Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, el diseño de un registro de integridad y transparencia para empresas y entidades.
El objetivo de dicho registro es contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la generación de interacciones más transparentes dentro del sector privado y entre éste y el sector público.
El artículo 3° de la Resolución habilita a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia para articular con los diferentes actores públicos y privados interesados el diseño, formulación, evaluación y planificación cooperativa del registro a los efectos de realzar su potencialidad.
Según surge de los considerandos de la Resolución, esta iniciativa tiene como antecedentes registros de empresas y entidades íntegras que se han implementado en Brasil, Colombia y México.
La finalidad de este registro es servir de fuente de información pública a las diversas empresas del sector privado que deben realizar reportes de debida diligencia con clientes y proveedores y comprobaciones de integridad y de conocimiento de terceros, dentro del marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Art. 23, inc. VI) y de la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Art. 21 bis).
Asimismo, se espera que el registro facilitará a las empresas el análisis de riesgos y la adopción de medidas de prevención adecuadas.
Por Jorge I. Muratorio y Eduardo Calvo
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