El 27 de diciembre pasado la Corte Suprema decidió que no podrá plantearse recurso extraordinario federal contra las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelación, sino que, como instancia previa, deberá plantearse recurso de inconstitucionalidad (art. 113 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad y en los arts 26 y siguientes de la Ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires) ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA.

De esta forma, la Corte Suprema ejerció su rol de último interprete de la Constitución Nacional, y declaró que el TSJ es quien deberá considerarse superior tribunal de la causa con relación a los expedientes en trámite ante la justicia nacional a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48.

Desde el Fores, adelantamos que a partir de este fallo surgirían numerosos interrogantes para los litigantes. Nos preguntábamos, entre otras cuestiones, si el Superior Tribunal de Justicia de la CABA tendría la capacidad técnica y operativa para absorber estas nuevas tareas, así sobre cómo se solventarían los costos que insumirá esta nueva función, dado que la Constitución exige que toda transferencia de funciones se realice con sus recursos.

Expusimos que, más allá de la opinión que se tuviese sobre la procedencia temporal y procesal del fallo Levinas, esta decisión era sumamente importante en pos de provocar decisiones políticas sobre las cuestiones institucionales de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, señalamos la necesidad de que la sentencia sea acompañada por políticas públicas que abarquen la integralidad de las reformas que hacen falta llevar a cabo.

Pese a que estimábamos posible que hubiere resistencia de aquellas corporaciones que venían oponiéndose al traspaso de la justicia nacional a la CABA, nunca imaginamos que ello se transformase en conductas tendientes a desestabilizar el sistema recursivo de los procesos judiciales nacionales, en un verdadero “alzamiento” contra la autoridad de la Corte como máximo tribunal de la Nación.

El reciente fallo plenario dictado por la Cámara Nacional en lo Civil, los acuerdos firmados por la Cámara Nacional del Trabajo y la Cámara Nacional en lo Penal y Correccional y el anuncio de un fallo similar por la Cámara Nacional en lo Comercial, sumado a las acciones tomadas por la Procuración General de la Nación (quien ya había opinado en la causa), por la Defensoría General de la Nación y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, implican un llamado de atención acerca de cuál debe ser el correcto comportamiento institucional de los tribunales inferiores de justicia y del Ministerio Fiscal, con relación a los fallos de la Corte Suprema que resultan ser (con o sin razón) la última interpretación de la Constitución Nacional.

El pronunciamiento de la Cámara Civil, en términos tales como: “la Corte Suprema ha vulnerado el principio según el cual solo la ley puede regular esa materia, se ha atribuido competencias reservadas por la Constitución al Congreso Nacional, y ha subvertido las bases del sistema federal previsto en la Constitución Nacional”, resulta de una gravedad institucional única. Mas aun si quienes deben presenciar esta disputa son quienes apuntan a que la justicia defienda sus derechos.

Interpretar la Constitución es tarea de todos los jueces sin distinción de instancias, pero afirmar de manera contraria a lo ya reiteradamente dicho por el Máximo Tribunal que la intención del constituyente fue dotar a la Ciudad de un estatus constitucional especial, sin las atribuciones de una provincia, es lisa y llanamente atribuirse facultades de afirmar lo que la Constitución dice por encima de lo que la Corte ya ha establecido.

La Cámara Civil ha expuesto que la Corte ha descripto sin mayores precisiones y soslayando una parte del texto constitucional, huérfana de todo fundamento y sin el debido análisis de la voluntad de los constituyentes y de los redactores de la Ley de Garantías-, que la restricción de las facultades jurisdiccionales de la Ciudad dispuesta en el art. 8 de la ley 25.488 tiene una “clara vocación de transitoriedad”. Indicando, adicionalmente que la afirmación de la Corte no es, entonces, “más que un recurso retórico, que no responde ni a una adecuada interpretación constitucional, ni a la voluntad del constituyente ni, mucho menos, a la de los autores de la Ley de Garantías”. Todo lo cual implica una suerte de conducta revisionista de la interpretación que de la cuestión Capital ha efectuado la Corte en estos últimos años. Revisionismo que no contribuye a solucionar el tema de fondo.

Como si todo ello fuera poco para alarmarse del contenido del fallo Plenario, la Cámara Civil sentencia que la interpretación efectuada por la Corte, al sostener de modo apriorístico una autonomía jurisdiccional plena de la Ciudad, “vacía de todo sentido a la Ley de Garantías además de, directamente, borrar de la letra de la Constitución al segundo párrafo del art. 129 de la Constitución”.

No podemos dejar de resaltar que la mención a “la conducción de la acción de gobierno hacia los jueces” como consecuencia del fallo Levinas, resulta una frase desafortunada en el marco de este caso, respecto del cual la Corte Suprema venía fallando en un mismo sentido alertando a los legisladores de la irregular situación imperante.

El Fores no puede dejar de remarcar que son los ciudadanos los que terminan siendo rehenes de una disputa que no debiera existir y, por ello, exhorta a que prontamente puedan encontrarse los consensos necesarios para salir de este lugar en el que la Justicia no debió haberse caído.

Cumpliendo con su objetivo social, desde el Fores estaremos atentos al devenir de estos acontecimientos, ya que la probada desconfianza ciudadana en la justicia solo podrá ser revertida comenzando por un comportamiento de todo el Poder Judicial que se ciña a los más altos estándares institucionales, respetando y haciendo respetar los distintos roles que a cada instancia le cabe de frente a la integridad de los procesos judiciales.

Por Pablo A. Pirovano - Presidente y María Julia Fornari – Secretaria