La Corte Supremade Justicia de la Nación se encuentra analizando una causa en la cual una mujer en situación de calle, le reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a obtener una vivienda digna.

En la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”,  los jueces del Máximo Tribunal evaluaron la conveniencia de llevar a debate oral y público la invocación del derecho a obtener una vivienda digna realizado por una señora que vive en situación de calle con su hijo discapacitado. Zanjada la discusión, se fijó como fecha para la audiencia pública de carácter informativo el 15 de septiembre, a las 10, lo cualgenera mucha expectativa.

En efecto, el veredicto de los jueces conllevaría un alto grado de interés por su potencial efecto multiplicador hacia algunas de las 444.000 personas que, según el último censo, viven en situaciones precarias. Esto sucede porque, a pesar de que la sentencia que dicte la Corte tendrá efectos para este caso en particular, aun si el fallo hace especial hincapié en las particularidades del caso, el reconocimiento operativo de este derecho social generaría una oleada de demandas a la manera del caso de jubilaciones “Badaro”.

En el presente caso, la peticionariaobtuvo una sentencia favorable en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego, fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Finalmente, el Tribunal Superior lo revocó motivando que el pedido buscara su curso hacia la Corte por vía de recurso extraordinario.

Es importante tener en cuenta que en la actualidad, el derecho a la vivienda digna está reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero resulta meramente de índole programática y no hay consenso sobre su alcance ni su significado. Sin embargo, la jurisprudencia reciente de la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti se ha pronunciado marcadamente como protectora de los derechos sociales.

A este respecto, se considera como indicio visible el mencionado caso “Badaro”, donde  la Corte reconoció el derecho patrimonial de un jubilado a obtener un ajuste en su haber.

No obstante los esfuerzos del fallo “Badaro” por enfatizar las particularidades del caso, en la actualidad existen alrededor de 400.000 jubilados que pretenden la aplicación de la doctrina, quienes se suman a otros miles de expedientes en los que la Corte ya aplicó su fallo.