En medio de las polémicas suscitadas en las últimas semanas en torno a la investigación, el Máximo Tribunal determinó que el Estado nacional tuvo responsabilidad en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Es por ello que el Estado deberá indemnizar con 4.000.000 de pesos, más intereses a calcular, a la viuda y a los tres hijos de un hombre que falleció durante el ataque, el 18 de julio de 1994.

Durante una instancia anterior, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal también había condenado al Estado nacional, que apeló la sentencia basándose en la prescripción de la acción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó que en 2005 la República Argentina admitió su responsabilidad en el hecho por no prevenirlo y, de esta manera, desestimó la postura del Ejecutivo.

El reconocimiento del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de “no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado” fue fundamental para la decisión de la Corte.

Este punto indicó la renuncia, de forma “tácita pero inequívoca” a la prescripción de la causa, la cual se habría dado en 1996, dos años después de que ocurriera el atentado contra la Asociación.