En un importante fallo, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, Sergio Javier Santos, condenó a un particular que usurpó tierras fiscales a indemnizar a la provincia con más de 4.600.000 pesos.
El sistema de cuantificación de los daños directo, por privación del uso del terreno, e indirecto, vinculado al "perjuicio ocasionado al conjunto de la sociedad santiagueña por haber ocupado y destruido parte de su patrimonio natural incorporado al Parque Provincial Copo", utilizado por el magistrado sienta un importante precedente.
Anteriormente, el usurpador había iniciado una acción contra el Estado por una supuesta privación de derechos posesorios, tras ser desalojado de la Reserva Provincial en 2006 por una medida judicial.
Luego de contestar la acusación, los letrados del Gobierno provincial iniciaron una contrademanda contra el actor por "privación de uso, ocupación ilegítima, y gastos de recuperación de la propiedad".
Por su parte, Santos remarcó en su resolución que "el particular debe indemnizar al Estado provincial por los frutos civiles que hubiera podido percibir del inmueble". Además, dio por comprobado el daño indirecto, el desmonte ilegal y la explotación agropecuaria de un hábitat natural destinada a reserva.
Con respecto al sistema de cuantificación, el juez indicó que por el daño directo se obtiene un monto indemnizatorio de 70.200 pesos por año. En ese sentido, se hizo referencia al valor locativo que dejó de ingresar al patrimonio del titular del dominio, o sea al Estado. A su vez, el magistrado remarcó el daño indirecto, fijando como valor base y simbólico la suma de cinco pesos "el que deberá multiplicarse por la cantidad de habitantes de la provincia".
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