Un grupo de “trapitos” cuidaban automóviles en el centro de la ciudad desde hace años y habían sido desalojados de los alrededores de la Plaza Rivadavia por personal de Prefectura.

El grupo de cuidacoches solicitó un recurso con el patrocinio de la Defensoría General Departamental de Bahía Blanca. La presentación judicial fue fundamentada por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Además, se calificó la actitud de los efectivos de la fuerza de seguridad como "ilegítima, ilegal y arbitraria", debido a supuestas amenazas que habrían realizado en contra de los cuidacoches.

Gilda Stemphelet, jueza de Garantías de Bahía Blanca, decidió aceptar el planteo y le ordenó al personal de prefectura que “se abstenga de interferir con la actividad” de los “trapitos”.

Para el magistrado "no existió motivo alguno valedero ni justificado para desalojar del lugar a esas personas". Asimismo, remarcó que la decisión  no impide actuar a la fuerza en caso de comisión de delito o contravención.