Por Agustín Siboldi -
Estudio O´Farrell

I.Introducción

A esta altura de los tiempos, la necesidad de contar con una moderna legislación en materia de defensa de la competencia reconoce amplios consensos. Ello resulta indiscutible a nivel internacional, donde se multiplican las jurisdicciones que han adoptado dicha legislación y organizado una autoridad de aplicación robusta y en el centro de una política de largo plazo de regulación de la actividad económica. En el marco nacional, ese consenso se vé reflejado en la significativa actividad que ha tenido nuestro Congreso Nacional en los últimos años.

Desde otro punto de vista, en nuestro país se observa una realidad económica que muestra numerosos sectores con alto grado de concentración –es decir, con pocos oferentes o demandantes-, arraigados hábitos de intercambio de información sensible para la competencia y posiblemente de coordinación –en muchos casos resultado de las políticas de definición de precios que adoptara la conducción económica saliente-, con fuertes distorsiones de precios, a poco que uno compare los precios locales con aquellos que se registran en los países vecinos, y, el más absoluto caos que se pueda imaginar en materia de información de precios, promociones y descuentos, donde ningún consumidor conoce a ciencia cierta el precio normal de las cosas ni su precio con descuento.

Planteada en tales términos, la modernización de la ley argentina de defensa de la competencia es tan importante como urgente. Importante porque se trata de la columna vertebral de todo sistema económico y porque nuestra constitución nacional define con toda claridad su carácter de piedra fundamental de nuestro sistema de derecho (art. 42) . Urgente por el diagnóstico imperante de que amplios sectores de la economía argentina que no se comportan como exige el sistema económico y nuestra constitución nacional.

Es por ello que en el título mismo de este artículo ponemos énfasis en la necesidad de que nuestra dirigencia política priorice la cuestión.

Si bien debe reconocerse que las actuales autoridades parecen comprender cabalmente la referida importancia y urgencia, en la medida en que han renovado exitosamente la actual autoridad en la materia y generado un excelente proyecto de ley para la modernización de la actual ley de defensa de la competencia ; su discusión no parece ocupar prioridad suficiente en el arco opositor y parece haber perdido impulso en el oficialismo.

Nos animamos a arriesgar que toda la política en la materia depende de la pronta sanción de un nuevo y moderno marco legal, ya que el régimen vigente carece en absoluto de las características básicas que hacen a su efectividad, estrictamente vinculada con la potencia disuasoria del régimen, como lo son la cuantía de la multa y la posibilidad cierta de que una práctica violatoria de la ley de defensa de la competencia sea detectada, sancionada y dicha sanción sea cumplida en un plazo razonable, con el debido respeto a las garantías constitucionales de defensa en juicio.

Creemos que este ensayo lo demuestra cabalmente.

Nos encontramos por tanto en incumplimiento del mandato constitucional en una materia fundamental para nuestro sistema democrático, como lo es un sistema económico  competitivo, que es el medio para que la enorme mayoría de quienes habitan nuestro país satisfaga sus derechos tanto económicos como humanos.

Dicho ello, nos ocuparemos a continuación de revisar los cambios propuestos a fin de modernizar nuestra legislación en la materia, a cuyo fin recogeremos los comentarios producidos por para la “International Bar Association” (“IBA”) y la “American Bar Association” (ABA”), aquellos otros que se han observado en distintos foros locales, a la vez que daremos nuestra propia opinión. Ambas organizaciones internacionales han encontrado que el proyecto –si bien perfectible- implica una notoria y sustancial mejora frente al estado actual de la legislación argentina de defensa de la competencia.

Como anticipamos ya, en nuestra opinión el proyecto propuesto es muy auspicioso y debería ser una prioridad absoluta para nuestra dirigencia.

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