La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la resolución 16/2012 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, impuso nuevos controles al lavado de dinero en las operaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles.

De esta manera, las empresas inmobiliarias deberán solicitar declaraciones juradas de ingresos a aquellos que efectúen una compra o venta por un valor superior a los $600.000 ($137.000). Este valor es el equivalente a una propiedad de 50 metros cuadrados en Palermo o Barrio norte.

Esta medida tiene como objetivo que los agentes y corredores inmobiliarios informen a la UIF ante operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.

La política “Conozca a su cliente” tendrá que ser llevada adelante por las empresas y, por tal motivo, deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Además, se deberá constatar que las personas que inicien las operaciones no se encuentren incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente.

Cuando se efectúen operaciones superiores a los $600.000 la inmobiliaria deberá requerir documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria del cliente, según el artículo 19 de la resolución.

La norma aclara que se deberá solicitar lo siguiente: declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.

El organismo que preside José Sbatella ha sancionado una gran cantidad de normas desde comienzos de 2011 para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El mencionado organismo internacional había incluido a Argentina en el grupo de países con serias deficiencias en políticas antilavado. Desde entonces, se comenzaron a reglamentar normas que evitaran posibles ilegalidades.