Se estima que en los próximos días, la Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá una nueva resolución que incrementará los controles antilavado sobre las sociedades de Bolsa.

Con el fin de prevenir el lavado de dinero, la nueva resolución obligaría a las sociedades de Bolsa, gestoras de fondos comunes de inversión, así como a otros operadores de la city, a informar las operaciones de sus clientes que sean superiores a los 40 mil pesos, según publicó el Cronista Comercial.

Según adelantó en su edición de hoy el mencionado matutino, la nueva normativa unificará las disposiciones preventivas de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la vez que las actualizará en función de la nueva ley antilavado.

Al igual que ocurre con las entidades bancarias, dicha resolución establecería que las sociedades de Bolsa, las aseguradoras, los operadores de fideicomisos, así como otros actores, deberán solicitar una declaración jurada a sus clientes en aquellas operaciones que superen los 40 mil pesos y documentación respaldatoria cuando la operación sea superior a los 200 mil pesos.

Si bien aún no se conocen detalles de la próxima resolución, se prevé que habrá diferencias de criterios para los diferentes actores del mercado de capitales, a la vez que se incorporarán una serie de planteos y recomendaciones para tales operadores.

En tal sentido, se estima que la resolución que sería emitida en los próximos días, impondrá a las sociedades de Bola y a otras entidades de la city la obligación de realizar informes de sus clientes, trazar un perfil de operaciones habituales y reportar aquellas extraordinarias.

Por su parte, CNV deberá informar a la UIF sobre aquéllas operaciones sospechosas que detecte en sus inspecciones regulares a las entidades que se encuentra bajo su regulación.

Cabe remarcar que a través de las medidas bajo análisis, desde la UIF buscan mostrar avances ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de que dicho organismo colocara a nuestro país en la denominada “lista gris”, donde se ubican aquellos países cooperantes con deficiencias en el control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.