Esta semana se llevó a cabo la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la cual Julio Alak, ministro de Justicia, explicó el plan de acción argentino para combatir el delito de lavado de activos.
Así, el funcionario sostuvo que Argentina cumplió con todas las recomendaciones realizadas por el organismo internacional y, además, expuso el decreto firmado por la presidente, Cristina Fernández, para promulgar el agravamiento de las penas por delitos que financien el terrorismo.
Por otra parte, remarcó una reorganización del sistema antilavado encabezada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y detalló distintas resoluciones llevadas a cabo durante el último año.
El funcionario recordó la modificación del Código Penal y la normativa reciente que estipula nuevos órganos de control como el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros.
Cabe destacar que Alak fue acompañado por el jefe de la UIF, José Sbatella; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; y el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.
El objetivo principal de la visita a Roma por parte de los funcionarios nacionales es lograr que Argentina deje de figurar en la nómina de países que se encuentran bajo seguimiento intensivo por parte del organismo.
Además, la delegación de funcionarios debería negociar con el GAFI el envío de un comité revisor en octubre para que, luego, retire al país de la lista “gris” de seguimiento trimestral.
Esta comitiva estará integrada por la Secretaría Ejecutiva del organismo con sede en París, donde se definen los lineamientos principales. Allí, Estados Unidos e Inglaterra tienen roles importantes, lo cual expone un panorama poco favorable para Argentina ya que estos dos países ponen el acento en resultados puntuales como procesamientos y condenas a delincuentes.
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