Parece ser inminente el tratamiento por parte del Congreso de la nueva Ley de Monotributo, modificando los topes, porcentajes e importes a pagar por los contribuyentes. En diversos medios se ha debatido sobre los alcances, la conveniencia, etc, pero nada se observó sobre la incidencia directa sobre los propios contribuyentes que son quienes en definitiva verán aumentar sensiblemente los pagos mensuales de la cuota del régimen simplificado. Se prevé incrementar el aporte jubilatorio al triple del actual, es decir se pasará de pagar $35 a $ 110, y la suma que se ingresa al sistema de salud rondará el doble, de $ 46 a $ 70. Es decir que adicionando el componente impositivo la cuota correspondiente a la categoría más baja será de $ 213. Lo que parece ser a todas luces muy elevado, si se tienen en cuenta los ingresos de ese tipo de contribuyentes. En el mismo orden de ideas se incluirá como parámetro a tener en cuenta para calcular los ingresos el monto de los alquileres devengados a lo largo del año, sumándose a los criterios de la superficie afectada, y la energía eléctrica consumida en el período. Lo que resulta extraño y “riesgoso” es que la AFIP podrá reveer una vez al año los de referencia de los parámetros mencionados. Si bien no es muy clara la violación, pareciera que se deja de lado el principio de reserva en materia tributaria, otorgándole facultades que exceden la mera reglamentación a un organismo que no es el facultado para ello de acuerdo a la Constitución Nacional. La reforma también contempla requisitos especiales para aquellos contribuyentes que se hallen en lo más alto de la tabla de ingresos en lo que hace a un número mínimo de empleados, uno, dos o tres de acuerdo al ingreso de que se trate. Asimismo se veda la posibilidad de continuar en el régimen a aquellos sujetos que posean más de tres actividades, o bien que el precio de los bienes unitarios que comercializan sea superior a $ 2500. Finalmente, la norma dispone la inscripción automática por parte de la AFIP en IVA, Impuesto a las Ganancias y cargas sociales a aquellos contribuyentes que se excedan en los topes de facturación. Más allá de la descripción somera del nuevo régimen que se viene, lo cierto es que los incrementos en las cuotas serán muy importantes y ello generará un costo adicional para los contribuyentes difícil de afrontar en un momento de crisis como este. El gobierno envía el proyecto ante un ahogo fiscal que es notable y que no tiene muchos caminos de solución, excepto, claro está, seguir recargando impositivamente a los ya exhaustos ciudadanos imponiéndoles un pago mensual que no guarda proporcionalidad con los ingresos que reciba, por lo menos en las escalas más bajas de la tabla de ingresos. Todo parece indicar que la reforma terminará siendo demasiado cara para algunos. Por Manuel Alejandro Améndola