Por Sebastián Sal*

El Gobierno Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de modificación de la ley de Hidrocarburos (17.319) que a mi entender apunta a incentivar las inversiones en dicho sector.
El proyecto parecería haber sido escrito en otra década, no por resultar antiguo, sino porque al contrario de lo que nos tiene acostumbrado el actual gobierno, favorece notablemente a las empresas privadas, alentando el ingreso de capitales.
Las modificaciones son varias, pero todas apuntando al mismo camino.

Es así que el artículo 25 de la ley quita el límite establecido en cuanto a la posibilidad de ser titular de más de cinco (5) permisos de exploración ya sea en forma directa o indirecta, para las personas físicas o jurídicas, permitiendo a su vez - en el artículo 26 - al permisionario mantener toda el área originalmente otorgada una vez concluido el primer período “siempre que haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del permiso”.

A su vez, autoriza la exploración y la explotación con “objetivo no convencional” (art. 27 de la ley) entendiendo al mismo como “la extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales” a aplicar en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas de esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad, más conocida como fracking lo que obviamente resulta tentador para las compañías petroleras, especialmente teniendo en cuenta que el yacimiento de Vaca Muerta reúne dichos requisitos.

Este es el punto más discutido de la ley, por la cantidad de opositores a esta técnica de extracción por su posible efecto en el medio ambiente.

También aquellos que inviertan en proyectos de producción terciaria (que apliquen técnicas de recuperación mejorada del petróleo), petróleos extra pesados y costa afuera, que por su productividad, ubicación y demás características técnicas sean económicamente desfavorables, podrán ser beneficiados con una reducción de regalías de hasta el 50%.

Las áreas de explotación mantienen su tamaño, pero al igual que en las de exploración, ya no existe límite de cantidad respecto de la titularidad de las mismas.

Una de las cosas más llamativas, es el cambio propuesto para el artículo 91.

Allí se establece que las Provincias y el Estado Nacional  “no establecerán en el futuro” nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal,  pero si lo podrán hacer respecto de empresas privadas.

Esto parecería ser un golpe a YPF, que técnicamente no podría acceder a más áreas de las que hoy posee.

Asimismo, y para dar aún un mayor impulso a la inversión extranjera se permite a aquellas entidades o empresas estatales y provinciales con participación estatal  que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros a realizar nuevos esquemas asociativos.

Las empresas que inviertan de manera directa una suma no inferior a doscientos cincuenta millones de dólares (US$ 250 millones) serán incorporadas al Régimen de Promoción para la Explotación de Hidrocarburos (decreto 929/13), lo que implica que gozarán, a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución de sus respectivos Proyectos, del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el VEINTE POR CIENTO (20%) de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del cero por ciento (0%) de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables.

En resumen, la ley busca alentar la producción petrolera privada, permitiendo el fracking, asignando nuevos territorios de exploración y explotación, pero recién en un mediano plazo (cinco años) y con una gran inversión (en el sector petrolero esa inversión no parece imposible ni mucho menos) se verían interesantes ganancias.

Quizás, la presente ley pudiera ser modificada un poco más aun tomando como referencia la ley de Petróleo de Noruega, que tan buen resultado le ha dado a dicho país y a su población, asegurándoles un “ahorro” a la fecha de US$ 130.000 por ciudadano,  para ser afectado las futuras generaciones de noruegos.

Sebastian Sal: Socio de “Sal & Morchio” Abogados y Coordinador del Área Latinoamericana del “International Association of Anti-Corruption Authorities” (IAACA).