De acuerdo a lo contenido en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el fin de suspender transitoriamente la llamada Ley Cerrojo, permitiendo con ello el ingreso de nuevos bonistas al canje, prevén exigirle a aquellos que decidan sumarse al canje de deuda desistir de los juicios contra el Estado argentino.
La iniciativa hace referencia a que “existe un alto grado de litigiosidad en torno a la deuda que se propicia reestructurar, principalmente en cortes judiciales en Estados Unidos y en Europa”.
Por ello, el gobierno aceptó la modificación propuesta para que se explicite en el texto de la ley la renuncia a las demandas en contra de la Argentina.
Según sostuvo el ministro de Economía, Amado Boudou, si bien tal decisión ya se encontraba formulada en términos implícitos, formando parte de la práctica habitual de los canjes soberanos, tal aclaración mejora el proyecto.
Según las estimaciones efectuadas por el Ministerio de Economía, el monto reclamado por los bonistas en los diferentes tribunales del mundo, entre los que se incluyen Tokio y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, asciende a la suma de 5 mil millones de dólares.
Teniendo en cuenta tal alta litigiosidad, el artículo 5º del proyecto de ley prohíbe ofrecer a los tenedores de la deuda pública que hubiesen iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier tipo, un trato más favorable que aquellos que no la hubieran hecho.
En base a ello, fue descartada la posibilidad de pagar los abogados a los demandantes, lo cual había sido planteado como una condición para entrar al canje por parte de los grupos inversores.