De esta manera lo ordenó el juez Sebastián Ramos en la causa que investiga la denuncia de la conducción de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat) a Rafael José Rossio, quien se desempeñaba en la firma como subgerente de Administración y Finanzas cuando estaba bajo la administración del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Se denuncia al ex funcionario por su accionar como responsable de alquilar los bonos que conformaban el patrimonio de la empresa, transacciones bastante comunes en el sistema financiero.

Cabe señalar que Rossi tenía poder para actuar sin consultar al directorio en aquellas operaciones que no superaran los 50.000 pesos. No obstante, y según lo denunciado, el funcionario se habría excedido de sus funciones por alquilar bonos por valor de 79.000.000 pesos.

Este movimiento fue realizado con la empresa Tranexbur, actualmente conocida como GPS Extrabursátil. El plazo de alquiler, además, coincidía con el vencimiento de los títulos (diciembre de 2038).

Por estos motivos, el juez Ramos ordenó a los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinen si hubo o no irregularidades en el proceso de alquiler de bonos en perjuicio para la administración pública.