Fallos
Lunes 30 de Marzo de 2009
Presentan Proyecto para Eliminar del Código Penal los Delitos de Calumnias e Injurias
En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que pretende derogar del Código Penal el título de los “delitos contra el honor”, buscando reemplazar las penas de prisión contenidas en el mismo, con una indemnización o rectificación pública.
En concordancia con la advertencia efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió sobre la afectación a la libertad de expresión que produce la manera en que se encuentran redactados los delitos de calumnias e injurias, la diputada Marcela Rodríguez presentó un proyecto de ley con el fin de quitarlos del ámbito penal.
Según consta en el proyecto que fue firmado por 13 legisladores, se busca que los delitos en cuestión que poseen penas de prisión, sean derivados al fuero civil.
De esta manera, la forma de reparación del daño causado por la afectación de la dignidad o la reputación de las personas no sería con penas de prisión para el ofensor, sino mediante una indemnización o rectificación pública.
En caso de que se produjesen agresiones verbales o campañas difamatorias, el proyecto contempla que dichos conflictos sean resueltos en el fuero civil, pero en aquellos casos en que los afectados fuesen funcionarios públicos, la iniciativa pretende receptar la doctrina de la real malicia.
De acuerdo a dicha teoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos receptada por nuestro máximo tribunal, las personas que se encuentren vinculadas al interés público sólo podrán reclamar una indemnización o retractación en cuanto a su actuación pública, cuando demuestren que el ofensor actuó con mala fe o manifiesta falta de diligencia.
Según la diputada que impulsa la iniciativa, en los casos de calumnias e injurias se utiliza la justicia penal a los fines de intimidar al demandado, siendo utilizado generalmente por funcionarios para intimidar a quienes los critican.
El fallo de la CIDH fue emitido en mayo del año pasado, donde dicho tribunal ordenó al Estado argentino indemnizar a un periodista que había sido condenado por criticar la actuación de un juez en un crimen cometido durante la última dictadura militar.
Además de dejar sin efecto la condena emitida contra el mismo y establecer una indemnización, la CIDH determinó que el derecho argentino debería ser reformado para evitar que la libertad de expresión se viese afectada.
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