Un proyecto de ley presentado por diputados y senadores del Frente para la Victoria, y avalado por el gobernador Daniel Scioli, pretende introducir en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados para los casos de delitos sexuales, agravados y homicidios.
De acuerdo a la iniciativa, el tribunal de jurados se encontraría compuesto por un magistrado integrante del Tribunal en lo Criminal, quien actuaría como su presidente, junto a doce jurados titulares y seis suplentes.
Para obtener un pronunciamiento de culpabilidad se requerirá el voto afirmativo de ocho miembros del jurados sobre los siguientes interrogantes: ¿está probado o no el hecho material de la acusación?; ¿es culpable o no culpable el imputado?
La iniciativa establece que cuando se obtiene el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad finaliza la sesión, mientras que el juez del tribunal dictará la sentencia que corresponda en caso que el veredicto sea condenatorio, donde determinará la calificación legal del delito.
Quedan excluidos para formar parte del jurado aquellos que ocupen cargos públicos en los poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados, y quienes ejerzan funciones en el Poder Judicial o el ministerio público.
A su vez, tampoco podrán ser miembros del jurado los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa o del Servicio Penitenciario, los abogados, escribanos y procuradores, y los condenados por delito doloso.
Entre los requisitos para poder integrar el jurado figuran el de tener entre 18 y 65 años de edad, haber completado estudios primarios, tener domicilio en el departamento judicial del tribunal competente, así como no haber sido condenado anteriormente por sentencia firme por delito de falso testimonio.
Hasta la emisión del veredicto, el proyecto contempla que los jueces quedarán aislados a partir del juramento y no podrán comentar el caso ni escuchar o ver noticias sobre lo que deban decidir hasta la emisión del veredicto.
Cabe remarcar que aquellos que formen parte del jurado, recibirían de acuerdo al proyecto, una remuneración por cumplir con este deber cívico.
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