La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación ya puede comenzar a analizar un proyecto de ley que presentó el diputado laboralista Héctor Recalde, con el acompañamiento de otros trece legisladores del bloque oficial –esto es, con el peso suficiente como para que pueda avanzar–. La iniciativa está dirigida a empresas que sumen dividendos considerados extraordinarios y el objetivo es incrementar la recaudación más de 1.500 millones de pesos.

El texto tiene tan sólo tres artículos, siendo el primero el más importante. En él se establece “un incremento en las alícuotas de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social para  los empleadores que registren en el ejercicio anual ganancias netas que superen el 10 por ciento de los ingresos netos del período”.

Además, propone una tabla para calcular el incremento de la alícuota que va de 1 a 6 puntos porcentuales en los aportes patronales de acuerdo con los ingresos del período. De esta manera fija que para ganancias netas de entre 10% y 12% con respecto al período inmediato anterior, un punto de incremento en la alícuota; entre 12% y 15%, dos puntos; de 15% a 18%, tres puntos; de 18% a 20%, cuatro puntos; y de seis puntos para todos los casos superiores al 20% de ganancias.

El objetivo de la propuesta es, según explica el propio autor, “restablecer parcialmente la magnitud de las contribuciones que las empresas de alta rentabilidad hacen al régimen de Seguridad Social”. Vale recordar que los aportes patronales habían sido reducidos en un promedio de por lo menos la mitad durante la gestión del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, a través del Decreto/Ley Nº 2.609 del año 1993.

“Previo a las modificaciones establecidas durante la década del 90, los aportes patronales alcanzaban un 33% de la remuneración del trabajador. En la actualidad las tasas son del 23% o 27%, incluyendo el pago de los aportes para Obra Social”, recordó Recalde y aseguró que “la baja de los aportes patronales ha sido un instrumento/símbolo de la década del 90 que, bajo el eufemismo de procurar la creación de empleo, reducía los costos empresariales. El tiempo demostró que la baja no sólo no fue conducente a la creación de empleo sino que contribuyó a desfinanciar el Estado, sin reportar beneficio alguno para la sociedad”.

A su vez, en los fundamentos se justifica con números que la caída de la recaudación fue producto tanto de la reducción en las alícuotas de las contribuciones patronales como de la caída del nivel de empleo: “la recaudación por Contribuciones a la Seguridad Social cayó en un 38% entre 1994 y 2002, pasando de $15.753 millones a $9.710 millones”, mientras que “la tasa de desocupación se duplicó entre 1994 y 2002, pasando de 10,7% a 21,5%, respectivamente. Tampoco se mejoró la calidad del empleo dado que la tasa de subocupación también aumento, pasando de 10,2% a 18,6% para el mismo período”, destacó el laboralista.

En tanto, el último párrafo del primer artículo plantea quienes quedarían exceptuados de la norma: las entidades reguladas por las leyes Nº 23.551, de Asociaciones Sindicales; la Nº 23.660, de Obras Sociales; y la Nº 23.661, que regula el Sistema Nacional de Seguro de Salud, y las empresas que no superen el límite de facturación para ser considerada “Mediana Empresa” dispuesto por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.

El segundo  artículo del proyecto de ley del abogado laboralista, por su parte, instituye que el aumento en los proporcionales entrará en vigencia desde el mes calendario siguiente a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, y en consecuencia se calculará la ganancia neta obtenida en el último ejercicio. Además, el Poder Ejecutivo Nacional quedaría facultado para disponer la aplicación gradual del incremento de las alícuotas establecidas.

Al estudio de este proyecto, podría sumarse un proyecto de ley del diputado y economista Claudio Lozano que –aunque con menor apoyo– va en la misma línea. En este caso, se pretende agregar recursos genuinos tanto a la Nación como a las Provincias por la vía de dos medidas concretas: la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993 con una alícuota única de alcance general del 33% para las contribuciones patronales de las grandes empresas sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de la seguridad social; y la devolución del 15% de la coparticipación que las provincias resignaron para financiar al sistema previsional.

Lozano fundamentó que su proyecto “permite recuperar 77.200 millones de pesos, de los cuales $22.000 millones se destinarán a las provincias, al tiempo que la Nación recupera recursos genuinos por nada menos que 55.000 millones con destino al régimen previsional”. En tanto, la propuesta del economista no se aplicaría a las pequeñas y medianas empresas privadas de capital nacional, administradas o gerenciadas por su propietario, de hasta 40 empleados, cuyo monto de facturación anual no supere los 14.400 millones de pesos.