La normativa, avalada con 16 votos de los 27 senadores que se hicieron presentes en la Cámara, crea un impuesto a las explotaciones de campos agropecuarios de más de 2000 hectáreas en el territorio de dicho país.
 
El tributo promovido por el presidente José Mujica fue denominado “Impuesto a la Concentración de los Inmuebles” (ICIR) y tiene como objetivo desanimar la centralización de la tierra en el país oriental.
 
La carga que prevé el impuesto es anual y corresponde a: 67 Unidades Indexadas por Hectárea (aproximadamente 8 dólares) para las extensiones de tierra entre 2000 y 5000 hectáreas; de 100 Unidades Indexadas (12 dólares) por hectárea para 5000 y 10000 hectáreas; y 135 Unidades Indexadas (16 dólares) para las extensiones superiores a las 10000 hectáreas.
 
Un número aproximado de 1200 productores se verán afectados por la medida aunque en Uruguay hay un total de 48000 activos. Además, cabe aclarar que el impuesto tiene consideración en la calidad de los suelos.
 
De esta manera, se gravará las tierras con un índice Coneat (mide la aptitud de la superficie) superior a 100 o equivalente. Por ejemplo, un campo con 3000 hectáreas que debería pagar el tributo no lo haría si tiene como índice 60. Por el contrario, un territorio con 1500 hectáreas con 200 en la categorización antes mencionada debería abonar.
 
Lo recaudado, aproximadamente 60 millones de dólares al año según lo informado por las autoridades del país, harán posible el financiamiento de mejoras en el medio rural.