Suspenden la Ejecución de la Ley que Creó la IGJ Porteña
Fue ordenada la suspensión de la ejecución de la ley 2.875, normativa dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que creaba el Registro de Comercio y Personas Jurídicas porteño, luego que el juez comercial Máximo Astorga hiciera lugar a una medida cautelar. La misma fue presentada por la fiscal general  Alejandra Gils Carbó ante la Cámara  Nacional de Apelaciones en lo Comercial, tras considerar que se estaban usurpando competencias de la Inspección General de Justicia como consecuencia de la creación de un Registro Público de Comercio porteño que funcionara de manera paralela. El Juzgado Nacional en lo Comercial decidió hacer lugar a dicha medida cautelar, ordenando la suspensión de la ejecución de la norma en cuestión hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la cual radica en la constitucionalidad o no de aquel registro. De acuerdo a lo expresado por el magistrado, se podría generar un perjuicio para los terceros que se inscriban en el Registro Público de Comercio al que hace referencia la ley 2.875. Dicho perjuicio al que hizo referencia el magistrado, se produciría ante la eventual declaración de inconstitucionalidad que se persigue por medio de la promoción de la causa en cuestión.  

 

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