La Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), decidió enviar una misión a nuestro país con el fin de efectuar un control sobre la filial argentina de la compañía alemana Siemens, buscando con ello comprobar si sus prácticas fueron modificadas y fueron mejorados sus controles internos.

En diciembre de 2008, la compañía alemana acordó con la SEC pagar multas por 800 millones de dólares en Estados Unidos y otros 533 millones de dólares en la Unión Europea sin haber “admitido o negado” las conclusiones de la Comisión de Valores norteamericana, realizando dicho acuerdo con el fin de evitar un colapso en sus operaciones.

En dicha ocasión, el acuerdo que Siemens celebró con la SEC incluyó un monitoreo independiente por un período de cuatro años.

A raíz de ello, en agosto de 2009, Siemens Argentina recibió la visita de un primer grupo de auditores, mientras que hace un par de semanas a ellos se sumaron un grupo de expertos contables para revisar los registros locales.

La visita del equipo integrado por seis abogados que trabajan para un estudio jurídico norteamericano que secunda al supervisor alemán Theo Wigel, representa la tercera fase del proceso que acordó Siemens con la SEC.

A diferencia de los casos de corrupción ocurridos en Venezuela, México, China y Rusia, los cuales fueron reconocidos por la multinacional alemana, en Argentina Siemens sólo admitió haber violado registros contables, siendo ello ignorado por la justicia local que investiga el pago de coimas por parte de la compañía con el fin de obtener y conservar un contrato para confeccionar documentos de identidad.

La compañía habría pagado, o se habría comprometido a pagar, una suma superior a los 105 millones de dólares en sobornos durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De La Rúa.

Para realizar tales operaciones, habría triangulado fondos por medio de sociedades ubicadas en Uruguay y en otros paraísos fiscales, justificando la salida de tales fondos con facturas falsas de consultorías inexistentes.

En el marco de dicha causa, el juez Ariel Lijo espera la traducción del alemán de una serie de documentos para revisar que le fue enviado de la Fiscalía de Munich, estimándose que entre tales papeles se encuentran las iniciales de quienes habrían sido receptores de aquellas coimas.