Continúa la polémica en Venezuela luego de que el primer mandatario de ese país, Hugo Chávez, decidiera emitir la semana pasada un nuevo paquete de regulaciones a través de 26 decretos-ley, los cuales  pueden ser efectuados gracias a los poderes otorgados  por la Asamblea Nacional durante el años pasado para poder legislar durante un plazo de 18 meses. Tales decretos-ley fueron emitidos el pasado 31 de julio, es decir, en el último día establecido por la mencionada ley habilitante para poder promulgarlos. Entre las principales modificaciones introducidas por medio de dichos decretos presidenciales, se destaca una reforma a la ley que regula el sistema bancario y financiero de Venezuela, mediante la cual se cree que el gobierno venezolano allanó el camino para la estatización de la filial perteneciente al Grupo Santander. Mediante lo contenido en la Gaceta Oficial ordinaria, se conoció la intención por parte del gobierno de nacionalizar el Banco de Venezuela, el cual es propiedad del mencionado grupo de capitales españoles. Por su parte, el Grupo Santander confirmó que se encuentra manteniendo negociaciones con el gobierno venezolano con el fin de llegar a un acuerdo sobre la estatización de dicha entidad bancaria. Entre los temas contenidos en las reformas introducidas por medio de los polémicos decretos, dichos decretos extienden el control del gobierno sobre la producción de alimentos, el comercio y los servicios en general. Una de las leyes que aumenta la influencia gubernamental sobre la economía es la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Mediante dicha normativa, se fáculta al gobierno a restringir o prohibir la comercialización  sobre determinados productos, así como la prestación de determinados servicios para el agro o la industria. Por otro lado, mediante la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, se implementan fuertes regulaciones sobre los comercios, así como sobre las actividades y publicidad que desarrollan los mismos. Tal regulación, establece importantes sanciones contra los que el gobierno considere que realizan usura o especulación de precios. Las sanciones por tales hechos, podrían alcanzar la pena de hasta seis años de prisión. Con relación al la seguridad nacional, el mandatario venezolano,  modificó la regulación existente en relación a las Fuerzas Armadas. A partir del reciente decreto-ley, además de modificarse el nombre de las Fuerzas Armadas, la Ley de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, introduce la  figura de las milicias. Las mismas, serán conformadas por voluntarios, los cuales tendrán la función de organizar los consejos de defensa del país. Ante tales reformas, se han manifestados numerosas voces tanto a favor como en contra de lo regulado en los decretos-ley. Por un lado, numerosos abogados constitucionalistas de Venezuela consideraron que las legislaciones introducidas buscan acentuar el poder en la figura del Presidente. A su vez, denunciaron que se afecta la propiedad privada como consecuencia de lo normado en la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, ya que por medio de la misma, el gobierno debilita la prestación del servicio. Quienes también han mostrado su desacuerdo a las reformas son los miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Venezuela, quienes  afirmaron que tales reformas significan un fraude a la democracia. La cúpula de dicha organización, la cual aglutina a las mayores empresas de ese país, se encuentran analizando las medidas a seguir contra tales resoluciones. En igual sentido se manifestaron los líderes de la oposición, quienes consideraron que tales decretos forman parte de los abusos que acostumbra realizar el gobierno, a la vez que consideraron que las modificaciones introducidas significan una reforma constitucional forzada. En sentido opuesto se manifestó el vicepresidente venezolano, quien defendió las medidas adoptadas, expresando que lo contenido en las mismas respeta lo establecido en la Constitución. A su vez, el segundo del gobierno chavista, afirmó que tales normativas serán llevadas a la Asamblea Nacional para su aprobación.