Las nuevas tecnologías y las redes sociales han revolucionado el mundo del marketing y la publicidad. Es así, que los usuarios se ven generalmente atacados de forma masiva ante los constantes y renovados anuncios comerciales. En particular, las publicidades hoy en día no provienen necesariamente de la cuenta del proveedor, sino que las observamos a través de una nueva figura en crecimiento: el/la influencer.

Entendemos como influencer a aquella persona que promueve, directa o indirectamente, bienes, servicios o cualquier causa, usando su capacidad de influir en el resto, específicamente, en los compradores. A raíz de esta aptitud, los influencers son contratados para publicar ciertos productos o servicios con el fin de llegar a un público masivo.  

En Argentina, no existe regulación legal sobre la actividad de esta figura. No obstante, en un intento de completar este vacío legal, el CONARP -Consejo de Autorregulación Publicitaria- ha emitido dos documentos relevantes: “Influencers: Guía para la comunicación con fines comerciales” y “Comunicación para fines comerciales: recomendaciones para influencers”. A su vez, el Senado de la Nación presentó el proyecto de ley sobre Régimen Legal para Influenciadores o Influencers en Servicios Publicitarios Digitales y en Redes de Telecomunicaciones por vía Electrónica, pero este perdió estado parlamentario. Es así que al día de hoy no contamos con normas obligatorias que regulen la actividad comercial del influencer.

Recientemente, en Francia, se sancionó la Ley 2023-451[1] con el objetivo deluchar contra las estafas y los abusos de los influencers en las redes sociales. Esta normativa resulta novedosa y ejemplar para aquellos países que aún no han regulado esta actividad, como lo es nuestro país. En este texto se ha incorporado al ordenamiento jurídico francés el concepto de “influencer” junto con su respectiva definición, regulando también su contratación, representación legal y responsabilidad civil frente a los consumidores/usuarios.

Lo más innovador a destacar de esta ley es que, observando los peligros que puede causar esta actividad en las conductas de los consumidores, la ley francesa prohibió la promoción de ciertos productos, servicios o actos, que pueden resultar dañinos a la salud física o psíquica de las personas. Queda así delimitado el ámbito de actividad del influencer, excluyendo la posibilidad de publicitar: intervenciones quirúrgicas; productos farmacéuticos; inversiones financieras, y; activos digitales, entre otras.

El artículo que prohíbe la promoción en redes de los productos y servicios mencionados anteriormente, establece también una multa de 300.000 euros y hasta una condena privativa de la libertad de 2 años de acuerdo con el Código Penal francés.

Hay que tener en cuenta que la necesidad de regular esta actividad responde al fin de fortalecer la protección de los usuarios y consumidores de las redes sociales. Es por eso que, la prohibición de promoción por redes de productos farmacéuticos y cirugías parece de crucial importancia, siempre que muchos/muchas influencers publicitan ciertos productos y servicios sin tener un verdadero conocimiento sobre él y sin asumir las posibles consecuencias que esto podría traer al consumidor/usuario. En estos casos está en juego la salud del ser humano, por lo cual se requiere una explícita regulación.

Otro aspecto a resaltar es que esta misma ley entiende como plenamente responsable a esta figura ante los consumidores, más allá de que no sea éste -sino el proveedor- el encargado de entregar el producto/servicio. La responsabilidad es atribuida por su deber de comunicación al consumidor. El/la influencer es quien provee al consumidor la información sobre el producto, la identidad del proveedor, y aseguran su legalidad ante la posibilidad de falsificaciones. Claramente tienen un rol de importancia -o al menos de influencia, como surge de su nombre- ante la conducta del consumidor, y por eso, esta ley considera al influencer responsable de los daños que estas personas puedan sufrir a raíz del consumo de sus publicidades.

Siguiendo el ejemplo de Francia, y observando el peligro y la vulneración respecto a los usuarios y consumidores, especialmente para su salud, es importante que el mundo preste atención a esta problemática y dicte normas legales que regulen la actividad de los influencers. Ello a fin de resguardar a los consumidores y usuarios de cada país y del mundo, dado que, gracias a los avances tecnológicos, los anuncios de los influencers pueden llegar a consumidores de todo el mundo.

Por Abril Neiman