Si no existiera acuerdo entre las partes y si el juez Thomas Griesa no le otorga a la Argentina la posibilidad de pagar a los bonistas que ingresaron al canje, el Ejecutivo Nacional cuenta con otra alternativa que sobrepasa a los Estados Unidos.

Recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo cual fue barajado por la presidenta Cristina Fernández, sería una opción viable. Si el tribunal aceptara el caso, marcaría una jurisprudencia única para este nivel.

Durante una presentación del ministro de economía, Axel Kicillof, en la que anunció la decisión de cumplir con el pago a los acreedores, se mencionó que Argentina podría avanzar en “eventuales acciones judiciales” ante el Tribunal de La Haya.

Si Griesa decidiera embargar los fondos destinados a pagar deuda, se estaría violentando la soberanía argentina. Este supuesto avance sobre activos nacionales sería el argumento principal para recurrir a La Haya.

Cabe señalar que la Argentina haría referencia directa a la teoría Drago (del abogado argentino, Luis María Drago), la cual indica que no se puede aplicar la fuerza de un Estado para el cobro forzoso de una deuda sobre otro Estado.

Si se recurriera finalmente a la Corte Internacional, se debería responder a la pregunta de si los fondos de un Estado pueden o no ser embargados y si el concreto de soberanía alcanzan a los dineros públicos de un país destinados a cumplir con una obligación financiera.