La Unidad de Información Financiera (UIF), perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había sancionado al Banco de Galicia en 2010 por “graves incumplimientos a la normativa antilavado”.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió confirmar el recurso directo para la apelación de las sanciones, de acuerdo a lo indicado por el decreto 290/07.

De esta manera entra en competencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver las multas dispuestas al banco y a sus oficiales de cumplimiento.

El organismo estatal le había establecido una sanción al Banco de Galicia de 2,2 millones de pesos. Esta suma sería el equivalente al valor de las operaciones que no respetaron las normativas antilavado.

Además, se fijaron multas para dos oficiales responsables en las operaciones. Los montos se corresponden con los valores de las operaciones que han sido realizadas durante el período en que estuvieron en función.

El sumario de la investigación se inició luego de una pesquisa por maniobras de compra venta de moneda extranjera efectuadas por una misma persona. Al parecer, habría realizado 31 operaciones de cambio en la entidad. La UIF nunca recibió reporte del banco, ni de los oficiales responsables.