Por Juan Gustavo Corvalán*

El derecho público se reconfigura al compás de trascendentales cambios culturales y tecnológicos que aceleran cualitativa y cuantitativamente su proceso de transformación. Las ecuaciones Estado-ciudadano y derecho público-sus ramas, afrontan complejos desafíos y se encuentran en plena búsqueda de la adaptación y reconfiguración de sus bases.
    
Estos fenómenos responden, básicamente, a cinco grandes factores interrelacionados.

1) El primero se vincula con el denominado “Estado Constitucional”. En los últimos 60 años se ha consolidado el llamado “efecto expansivo” de las constituciones. Los principios y mandatos constitucionales y convencionales atraviesan todas las ramas del derecho y sus categorías jurídicas. Es a partir de la Constitución que se decodifica el derecho público actual.

2) El segundo, derivado del anterior, se relaciona con la estandarización y uniformidad de categorías jurídicas que deben estar presentes más allá de los matices propios de las ramas del derecho público (derecho constitucional, penal, administrativo, tributario, ambiental, entre otras). Nos referimos a la sistematización, funcionalidad, eficacia, eficiencia, coordinación y consenso. Estas categorías, sin dudas, constituyen las nueva pautas centrales a través de las cuales se decodifica el nuevo paradigma del derecho público.

3) El tercero, y no por ello menos importante, tiene que ver con el papel principal que deben jugar las regulaciones procedimentales y procesales. El llamado “Estado como procedimiento” de la doctrina alemana, no es otra cosa que asegurar a los ciudadanos pautas uniformes que deben estar presentes inexorablemente en la ecuación “Estado-ciudadano”.

4) El cuarto se enlaza con la vigencia de lo que llamamos “derechos de acceso”. El derecho público debe reconfigurar sus cimientos para concretar de modo efectivo, la participación y el acceso de los ciudadanos en la construcción y ejercicio del poder público más allá de las formas tradicionales. “Acceso a la información”, “participación en los procedimientos y procesos”, el derecho a un mecanismo alternativo para resolver una disputa (conciliación, mediación, entre otros), son todas nociones que deben incorporarse a un derecho público acostumbrado al poder unilateral imperativo.  

5) Por último, asistimos a la interconexión interdisciplinaria como presupuesto en la concreción de los derechos. Un derecho público asilado en su interior -entre sus ramas- o exterior -respecto del derecho privado- resulta obsoleto para concretar los ambiciosos mandatos constitucionales y legales. Integralidad, flexibilidad, interconexión y comunicación entre las ramas del derecho público y entre éste y el derecho privado, es lo que actualmente requieren las modernas democracias constitucionales. Sólo a partir de estas premisas pueden crecer y desarrollarse los Estados Constitucionales de Derecho.

*El autor es abogado por la UBA, especialista en derecho tributario por la Universidad Austral, posgraduado en derecho administrativo por la Universidad de Salamanca, profesor titular, adjunto e invitado en diferentes universidades. Ha publicado numerosos artículos en derecho administrativo, tributario y penal. Ha publicado el libro Condiciones objetivas de punibilidad con prólogo de Eugenio R. Zaffaroni. Entre otras actividades, es director académico y ejecutivo de las Jornadas desarrolladas por "Derecho Público Integral" ("DPI"-Centro Federal de Estudios de Derecho Público-).