El Hidrógeno y el GNL. El futuro verde de Argentina
Por Cristina Di Benedetto
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Existe hoy un gran compromiso para reducir la contaminación ambiental y transformarse en climáticamente neutral. En el caso de Argentina, en forma reciente, en la Cumbre de ambición Climática celebrada en diciembre de 2020 durante el quinto aniversario del Acuerdo de París, nuestro país ratificó su compromiso en la lucha contra el cambio climático y prometió reducir para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26% menos a lo estimado en 2016.

 

La presión mundial para descarbonizar el planeta ha provocado que los países y compañías busquen alternativas verdes. De este modo aparecen el GNL y el hidrógeno en escena.

 

El GNL -Gas Natural Licuado- es el combustible fósil más limpio. Es gas natural convertido en líquido por un proceso de enfriamiento llamado licuefacción. Países como Australia, Estados Unidos y Qatar, compiten por ocupar el primer puesto como exportadores. Inclusive, esos países y otros tantos (Tanzania, Rusia, Mozambique, Indonesia y Canadá), están ampliando su capacidad de producción con nuevas terminales y plantas, dada su alta y ascendente aplicación en las industrias y transporte.

 

El hidrógeno es una alternativa verde basada en la naturaleza, que se obtiene del agua a través de un proceso llamado electrólisis (también se produce a partir de las algas, sol, etc). Al igual que el GNL, el hidrógeno busca transformar la industria, y en particular, el transporte. Será por ello que Japón, varios países de Europa, Corea, China y EE.UU., estiman que en 2030 se alimentarán a hidrógeno 2,7 millones de autos particulares y 40.000 comerciales. Y que esa flota consumirá 710.000 toneladas de hidrógeno por año. Se calcula que un 40% de hidrógeno podría llegar a ser producido por esos países, quedando el 60% restante como una oportunidad para quienes estén en condiciones de exportar. Es por ello que existen a nivel mundial, megaproyectos para construir plantas de electrólisis -como ocurre con el GNL-.

 

Argentina podría competir sin temor con todos esos países. Tiene los recursos.

 

Por un lado cuenta con los recursos de gas necesarios para producir GNL. Vaca muerta es el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales con más recursos de gas en todo el mundo. Hay recursos por 23 billones de metros cúbicos de gas shale, además de 27.000 millones de barriles de petróleo shale no convencionales. Solo China posee mayores recursos de gas, y Rusia y China, de petróleo.

 

Y por el otro lado nuestro país tiene agua en abundancia. El 48% del territorio argentino está formado por agua. Nótese que la ONU -Organización de las Naciones Unidas- define a la Argentina como “una potencia mundial de recursos hídricos”.

 

Demás está decir que a los recursos que tenemos por naturaleza y su estacionalidad, se suman nuestros recursos humanos capacitados, empresas con alto profesionalismo y conocimiento, etc, todos condimentos que coadyuvan a un gran éxito, además de posicionarla mejor en el mundo de la energía verde.

 

Ahora bien, la pobreza y/o carencia normativa coloca a la Argentina en una posición desfavorable en la mencionada competencia mundial.

 

Argentina no flaquea en esta puja por la ausencia de recursos, que como vimos la destacan a nivel mundial, sino porque no hay o no se han puesto en práctica normas que aseguren las millonarias -y a veces, billonarias- inversiones a largo plazo que las plantas de licuefacción y electrólisis -con sus terminales de exportación y unidades de almacenamiento- exigen para obtener GNL e hidrógeno -respectivamente- y exportarlo al mundo, además de satisfacer la demanda local.

 

En suma, la construcción de estas plantas exigen tiempo e inversiones. Dos elementos que necesitan un respaldo legal para su proyección y efectivización.

 

Es imperiosa la necesidad de crear un marco jurídico que asegure un régimen de estabilidad jurídica, fiscal (inclusive con reducción a cero de la carga impositiva) y cambiaria, y la libre disponibilidad de divisas. Una batería de ingredientes que debe estar presente a los efectos de trazar las costosas estrategias a largo plazo asociadas al GNL e hidrógeno.

 

Ya sea por defecto u omisión, Argentina carece del marco jurídico o respaldo normativo para competir en las grandes ligas, y por qué no, convertirse en un país exportador de GNL e hidrógeno.

 

En el caso del GNL tenemos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que nadie impulsa. Y en el caso del hidrógeno, una ley que data de hace 15 años, que nunca fue reglamentada, y cuya vigencia expira a finales de 2021 si nadie la renueva a tiempo. Aclaramos que circula un proyecto para extenderla 20 años más, pero podría también dormir el sueño de los justos como lo hace el proyecto de ley sobre GNL, y no estar a la altura de las circunstancias y a los tiempos que marca la competencia a nivel mundial.

 

El proyecto de ley de GNL tiene por fin “promover la industria y actividades vinculadas al GNL y su exportación”.

 

El proyecto de ley está repleto de buenas intenciones. Prevé beneficios fiscales de 10 años contados desde la vigencia de la ley, para los que se inscriban en un registro (a crearse), posean un proyecto de inversión aprobado por la autoridad de aplicación (será definida por el PEN tras la vigencia de la ley), con principio de ejecución (erogaciones equivalentes al 30% de la inversión total).

 

Adicionalmente el proyecto fija beneficios en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, a saber:

 

1)amortización acelerada en el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias en forma simultánea (en ganancias, a partir de operatividad del bien; son mayores los beneficios si ocurre en los 5 años de vigencia de la ley),

 

2)régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado en bienes/servicios de infraestructura crítica de las inversiones hasta la conclusión de la construcción de los proyectos;

 

3)compensación de quebrantos con ganancias;

 

4)deducción de la carga financiera del pasivo financiero (intereses/diferencias de cambio originados en los proyectos);

 

5)exención del Impuesto a las Ganancias en la distribución de dividendos/utilidades si son reinvertidos en nuevos proyectos de infraestructura en el país;

 

6)certificado fiscal para pagar impuestos nacionales por el 20% del componente nacional de instalaciones electromecánicas, siempre que la inversión sea 60% de componente nacional.

 

Debe advertirse que los 10 años en cuestión no resultan acordes al payback que exigen las inversiones para construir y poner en marcha plantas de GNL, etc. Debería ampliarse ese plazo, o al menos acomodar el inicio de su cómputo a la puesta en marcha del proyecto, de modo tal que los incentivos fiscales sean acordes a los largos plazos de recupero y a las millonarias inversiones que exigen la planificación, construcción y puesta en marcha de las plantas, terminales, cañerías, etc.

 

Adicionalmente el proyecto de ley establece la garantía de estabilidad cambiaria y de libre disponibilidad de divisas para las importaciones de bienes y servicios. En cambio, en las exportaciones, propone que los contratos “puedan” y “deban” prever una cláusula que incluya ambas garantías, y mecanismos de protección si se limitaren/restringieren. Sería más prudente que el proyecto asegure las dos garantías para ambos tipos de operaciones, y no deje librada las exportaciones a la suerte de un contrato.

 

El proyecto de ley sobre GNL no hace referencia al pago de las regalías de la ley 17319 sobre el GNL. Ello, o bien se trata de una buena política legislativa, que entiende que el GNL no es un hidrocarburo extraído del subsuelo sino un producto que se obtiene a partir de hidrocarburos que ya pagaron regalías, o bien, es una omisión que deberá salvarse para evitarle futuros litigios.

 

Asimismo, Argentina tiene una ley de promoción del hidrógeno, la N°26.123.

 

La ley 26.123 data del año 2006 (concretamente fue publicada en el Boletín Oficial el 25/08/2006), pero nunca fue reglamentada y ello obró como un obstáculo en la práctica para que sea aplicada.

 

La ley “declara de interés nacional y promueve la participación privada en el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía, como asimismo, la instalación de plantas generadoras de hidrógeno”.

 

Entre los beneficios promocionales que prevé, hay beneficios en el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias (aplicación del régimen de promoción a los bienes de capital y obras de infraestructura de la ley 25.924), y en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural (el hidrógeno producido por los proyectos registrados utilizado como combustible vehicular, no pagan ese impuesto ni la Tasa de Infraestructura Hídrica). La ley señala que el cupo de los beneficios promocionales será distribuído por el Poder Ejecutivo a propuesta de la autoridad de aplicación.

 

Ahora bien, su falta de reglamentación se tradujo y traduce en los hechos, que no haya una autoridad de aplicación que fije los requisitos de quienes pueden acogerse al régimen promocional, organice el registro creado para que los sujetos que pretendan aprovechar su régimen, o distribuya el cupo fiscal de los beneficios promocionales en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural.

 

¿Será el GNL y el hidrógeno oportunidades que dejaremos pasar?

 

Dijimos al comienzo que el GNL y el hidrógeno en Argentina exigen acabar con las buenas intenciones y poner en valor nuestros recursos. Así, debemos fijar las condiciones normativas (o ponerlas en práctica -como es el caso del hidrógeno-) y generar riqueza a través de nuestros recursos, a fin de atraer inversiones y crear empleos, impulsar la economía y las exportaciones, todas situaciones necesarias para la Argentina.

 

La necesidad de estos cambios se evidencia por ejemplo en que Argentina en 2021 tendrá un gasto de USD 1300 millones destinado a la importación de GNL, lo que duplica los USD 659 millones que se destinaron en 2020, y los USD 600 millones en 2019. Ese gasto podría eliminarse si el país comienza a producir GNL. Además, expertos aseguran que la industrialización de GNL podría agregar anualmente USD 5000 millones en divisas a Argentina.

 

Tracemos estrategias hoy en miras al futuro, para que el país se convierta en un protagonista mundial de GNL e hidrógeno, se ponga a tono con las energías limpias que son tendencia mundial para alcanzar y facilitar la descarbonización, y finalmente cumpla con los compromisos asumidos de neutralidad climática y reducción de los gaseses de efecto invernadero. Tenemos todo para lograr un futuro verde en Argentina: recursos naturales y humanos capacitados, empresas con alto profesionalismo y conocimiento, estacionalidad, etc. Sólo faltan las normas o su puesta en práctica.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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