La Audiencia Nacional admitió que un grupo de nueve accionistas inicien una querella criminal contra el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, y el ex consejero delegado Alfonso Paz-Andrade.

Asimismo, los demandantes también le solicitaron al magistrado que aparte de sus cargos y les imponga una fianza solidaria de 677.300 euros a las autoridades “de forma inmediata”.

Según se argumentó en el escrito presentado, los accionistas ven como necesaria una fianza "en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles pecuniarias que deriven del proceso" dada la imputación de Sousa y Paz-Andrade.

Los demandantes solicitaron al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que decrete el embargo "de los bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades en caso de que no prestaren fianza".

El monto de la fianza solidaria se desprende de sumar intereses y costas al importe de 391.795,54 euros, correspondiente a los daños y perjuicios causados por los actores demandados.

Hay otros cuatro miembros para los que piden la destitución: Pablo Javier Fernández Andrade y Fernando de Sousa, hijo y hermano del presidente -respectivamente-; y Robert Albert Williams y Yago Méndez Pascual.