La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva tendiente a eliminar las barreras a los usuarios y facilitar que los consumidores y empresas que se sientan perjudicados por prácticas anticompetitivas puedan reclamar.

En tal sentido, Bruselas también emitió una recomendación sobre la creciente necesidad de garantizar la posibilidad de presentar demandas colectivas como ocurre en Estados Unidos.

En España, por ejemplo, el consumidor se ve imposibilitado de protestar de forma individual y combatir las prácticas abusivas y engañosas que se suceden sistemáticamente en el mercado.

Continuando con el país europeo, el Instituto Nacional del Consumo y otros organismos, a nivel autonómico y local, competentes en materia de defensa de consumidores y usuarios son algunas de las entidades legalmente habilitadas para actuar contra las prácticas abusivas.

Entre las acciones judiciales que pueden llevar a cabo se encuentran, por ejemplo, la imposición al infractor de la obligación de cesar y no reiterar la práctica prohibida y la publicación.