Catorce particulares presentaron en conjunto una acción declarativa de certeza que cuestionaba la validez constitucional de los artículos 39 de la Ley 24.073, 4 de la Ley 25.561 y 5 del decreto 214/02, y demás normas reglamentarias.

La petición estaba vinculada al impedimento de la aplicación de un ajuste por inflación al momento de determinar el Impuesto a las Ganancias por parte de los actores involucradas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la procedencia del ajuste por inflación en la fijación del tributo y ordenó su aplicación respecto de los demandantes que cuestionaron la validez constitucional de las normas que impiden efectuar la adecuación.

El Máximo Tribunal invocó los precedentes en las causas “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” y “Candy”. En este último fallo se determinó que la imposibilidad de realizar el ajuste por inflación resultaba “confiscatoria”.

Cabe destacar que la misma petición fue rechazada por la Corte en relación a seis personas que integraron la demanda por considerar que no presentaron las pruebas necesarias para justificar la confiscatoriedad.