El 18 de noviembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2021 (el “DNU”) mediante el cual se dispone la prórroga de los plazos de la Ley N° 26.160 - a su vez prorrogada por las Leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400-, por la que se dispone (i) la declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2025, y (ii) la suspensión por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país.
El DNU se dictó mientras se encuentra en discusión en el Congreso de la Nación la respectiva ley de prórroga de la Ley N° 26.160, y -conforme se indica en los considerandos del DNU- dicha medida se adopta debido a la incertidumbre a la que se encontrarían sometidas un gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos.
En efecto, hasta el 23 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (el “INAI”) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas; tarea que viene llevando a cabo desde el año 2006.
Por último, el DNU prevé como novedad que el INAI deberá presentar a partir del año 2022 un informe anual que detalle el estado de avance del referido proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral ante el Congreso de la Nación.
Por Nicole Jaureguiberry y Joaquín Ojeda Gonçalves
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