El empresario inglés Stephen Chandler era el jefe de supervisión de la tarjeta, pero el Gobierno decidió rescindir su participación el 12 de julio de 2012, luego de que se revelaran importantes irregularidades en su contrato.
Ahora el juez federal Sergio Torres requirió a las autoridades de Gran Bretaña que informen los antecedentes comerciales del actor en aquel país. De esta manera, la justicia determinará si la experiencia que acreditó ante la Secretaría de Transporte era válida.
Por otra parte, Torres solicitó información acerca de los movimientos migratorios del consultor durante el período que estuvo en la Argentina, debido a que su contrato estipulaba medio millón de dólares en concepto de viajes y viáticos.
Las peticiones del magistrado se enmarcan en la causa que investiga ciertas irregularidades en la consultoría por 65 millones de pesos, que ejecutó la Secretaría de Transporte con el financiamiento del Banco Mundial.
Chandler cobrara un sueldo de aproximadamente 40 mil dólares mensuales por los trabajos que realizaba vinculados a la tarjeta SUBE, según el contrato ejecutado por la UTE integrada por Global Infrastructure y sus socios argentinos Iatasa, IRV y González Fischer.
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