El juez Baltazar Garzón finalmente será juzgado por el presunto delito de prevaricación a raíz que la causa general que el magistrado abrió contra el franquismo, siendo imputado por tales hechos a pesar de sus intentos por conseguir que la causa se archive.

El juez del Tribunal Supremo encargado de llevar el caso, Luciano Varela, sostuvo en su resolución que Garzón había adoptado varias decisiones opuestas al ordenamiento jurídico, “desde la conciencia de la antijuridicidad”, por lo que el magistrado se enfrenta a una posible inhabilitación.

Cuando Garzón inició la causa general, varios académicos españoles advirtieron que los delitos citados por el juez estaban prescritos, así como que su competencia era dudosa y su jurisdicción también, debido a que los delitos había que aplicarles la ley vigente en el momento en que se cometieron, sumándose a ello que los posibles responsables se encuentran muertos, por lo que no había posibilidad de dirigir la acción contra nadie.

En febrero de 2008, a pesar de que el Ministerio Fiscal le había advertido a Garzón de que no era competente, el juez siguió dictando providencias sobre la causa.

El juez Varela dictó su resolución después de que el pasado 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recurso interpuesto por Garzón contra el auto de Varela en el que se exponían las causas para someterlo a juicio por una presunta prevaricación.