No sólo los grupos Clarín y Uno irán a la Justicia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También lo hará la cámara que nuclea a la mayor parte de la industria, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), acompañada en sus presentaciones por otros operadores. Así lo informó a El Cronista el titular de la entidad, Walter Burzaco, durante la primera de las Jornadas de Televisión por Cable, un encuentro anual que el sector realiza desde hace 19 años. En cambio, José Toledo, presidente de la Red Intercable, que concentra a las pymes del interior, dijo que la agrupación –que reúne a firmas de unas 530 localidades– “esperará a ver la reglamentación”. “La ley no nos gusta, también queremos analizarla, pero vamos a esperar la reglamentación y, en función de esto, tomar decisiones”, declaró. Burzaco inauguró ayer el encuentro con la presentación del panel “Nueva ley de medios” y recordó los puntos que afectan a las empresas del sector. Insistió en que la inclusión de las cooperativas de servicios públicos significará una competencia desleal y “afectará a las pymes del interior, porque no pagan impuestos a las ganancias, tienen clientela cautiva y los subsidios cruzados estarán a la orden del día”. Criticó también el máximo admitido de hasta 24 licencias y 35% de abonados en todo el país. “Claramente frena el desarrollo de la banda ancha y cede espacio a otros actores, como las telefónicas”. También marcó una desigualdad con otro jugador del mismo mercado de TV paga: las empresas satelitales (en la Argentina, básicamente DirectTV). “Una empresa de servicios satelitales podría tener hasta el 35% en lugares que elija ella y no el regulador”. Dijo asimismo que “directamente no se entiende” la “restricción a la producción audiovisual”. Y concluyó: “Por último, el plazo de adecuación de un año llevará a las empresas que excedan esas limitaciones a malvender los bienes”. La jornada se cerró con las disertaciones de Silvana Giudici, diputada nacional por la UCR y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión; Samuel Cabanchik, senador Nacional por el Proyecto Buenos Aires Federal, y Gustavo Ferrari, diputado electo por Unión Pro. La legisladora aseguró que la norma viola la Constitución y tratados internacionales suos por el país, entre ellos –precisó– el Pacto de San José de Costa Rica. Apuntó que se incumplió principalmente con el procedimiento de creación de leyes y destacó que hubo “dictámenes sin quórum” y que apenas nueve horas después de emitir uno, se convocó a una sesión especial. Arriesgó luego que podría inhibirse el potencial exportador de la industria audiovisual y que las organizaciones sindicales serían los únicos en “poder montar un canal y funcionar a pérdida”. Cabanchik prefirió referirse al estilo de gobierno de Cristina Fernández. “Estamos en un punto en la Argentina en el que tenemos que estar en situación de resistencia”, opinó. En tanto, Ferrari afirmó que el ex presidente Néstor Kirchner “tiene un objetivo de máxima, que es recuperar el poder”, al tiempo que describió como su ambición “de mínima” la de “seguir caminando libremente por las calles”. Previó que esta modificación en el marco legal de la radiodifusión no será la única. “Lo próximo es la reforma política, establecer internas abiertas y simultáneas para lograr que él sea el candidato del partido Justicialista”, proyectó. Fuente: Cronista.com