Así lo afirma el Dr. Jorge Grispo, socio fundador del Estudio Grispo & Asociados, es el primer estudio jurídico certificado con esta norma desde el año 2004. El control, la organización y la optimización de recursos son algunas de los beneficios que supone esta normativa.
La norma ISO 9.001 es una norma internacional, otorgada por Det Norske Veritas (DNV), que evalúa los recursos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios.
Que un estudio jurídico cuente con la certificación de las normas ISO implica que es una organización cuyo objetivo es satisfacer eficazmente las necesidades del cliente, es decir que esta decisión “impacta en la mejora del desempeño de la organización ya que es una herramienta fundamental para detectar errores que puedan afectar el servicio jurídico, porque exige controles que confluyen a la excelencia del servicio que se presta a los clientes”, agrega Grispo.
En este sentido, la certificación supone tanto proceso de control internos como externos. Respecto a los primeros, la gestión de los procesos legales supone una mayor organización y optimización de recursos; mientras que los segundos implican un control de calidad que le otorgan un valor agregado a la organización, ya que la norma contiene exigencias que el estudio debe cumplir para estar certificada. Entre éstas, se debe cumplir con controles en los procesos de realización de tareas, implementación de mejoras continuas, capacitación constante de todos los integrantes del estudio, custodia y resguardo de la documentación de los clientes y la medición de la satisfacción de éstos.
Además, para cada uno de los procesos creados en el estudio se establece quién realizará el control y también los plazos en que se deben realizar. Por ende, En el caso del Estudio Grispo & Asociados, se estableció que los controles internos se realizarían una vez al año por profesionales especialistas en calidad, mientras que el ente certificador también realiza un monitoreo externo una vez al año.
“Si bien no creo que tenga que ser obligatoria, la norma está diseñada para quienes apuestan por la calidad de los servicios judiciales. Además, funciona con el compromiso de todos los integrantes del estudio ya que los controles del ente certificador son muy estrictos y, por ende, sólo lo pueden cumplir aquellos estudios que entienden a la calidad como un requisito inherente a la prestación de un servicio”, concluyó Grispo.
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