Ministros de la Corte Suprema de Justicia salieron ayer a pronunciarse contra la judicialización de la política y afirmaron que no resolverán en el corto plazo el tema del uso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, dejando que el tema pase primero por el Congreso. Sin embargo, en el Gobierno esperan que prosperen las apelaciones y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federa se expida en menos de dos semanas, aceptando el planteo del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y liberando en consecuencia el uso de las reservas mientras se discute la cuestión de fondo. Pero en medios judiciales fueron menos optimistas y estimaron difícil que los pronunciamientos sean favorables al Poder Ejecutivo. El ministro de la Corte Carlos Fayt negó ayer que el máximo tribunal tenga previsto emitir un fallo sobre el Fondo del Bicentenario en las próximas horas y argumentó que se debe analizar en profundidad la apelación del Gobierno. Por su parte, el ministro Eugenio Zaffaroni afirmó que “si la Justicia se deja llevar por el narcisismo y pretende resolver todos los problemas que no le corresponden, no se podrá resolver nada” Las opiniones de los ministros de la Corte no obligan a los otros jueces, pero crean un clima que se extiende a la opinión pública hacia dentro y fuera del Poder Judicial. La presión sobre los camaristas será muy fuerte para que rechacen los recursos extraordinarios de Da Rocha. Es que al máximo nivel de la Corte se dejó saber que la jurisprudencia de ese tribunal indica que las medidas cautelares como las que se discuten no son motivo de recurso extraordinario, por no ser sentencias firmes. Además, que los diputados y senadores no están legitimados por la Constitución para planteos colectivos reservados a las ONG, cuando pueden discutir los temas en el Congreso. Ya están en Cámara y se acumularían en una única Sala, dos de las tres causas por las que la jueza María José Sarmiento trabó medidas cautelares contra la aplicación del Decreto 2010/09, que dispuso el uso de reservas del Banco Central. La tercera estaría por salir de primera instancia. Pero en los tres casos lo que pide el Gobierno es que los camaristas otorguen efecto suspensivo de esos amparos. De esa forma se podrían usar los fondos de las reservas. El Gobierno confía en que la Sala IV, en la que se unificarían las causas, tiene distinta integración que la de la feria, cuando las camaristas Martha Herrera y Clara Do Pico hicieron causa común con la jueza Sarmiento y confirmaron las medidas cautelares sin efectos suspensivos de las mismas mientras se sustancia el juicio principal. La Sala IV está integrada por el camaristas Jorge Morán, y los subrogantes Sergio Fernández y Luis María Márquez. La primera de las causas en llegar a esa Sala, y a la que se acumularían las otras es la que plantearon los diputados del PRO Federico Pinedo y de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega. La segunda causa, de los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra, está por ahora en la Sala III, compuesta por Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco, que está excusado en estas causas. En los dos casos, los camaristas ya dieron traslado de la apelación del Gobierno a los amparistas. Pinedo respondería esta semana, mientras que Gil Lavedra se tomaría los 10 días. El diputado Vega explicó que los argumentos que planteará en la respuesta al recurso extraordinario de Da Rocha apuntarán a la improcedencia formal de la presentación por una medida cautelar y en que el daño irreparable no es para el Estado, sino para los ciudadanos, que enfrentarían el riesgo del embargo internacional de las reservas. Fuente: Cronista.com