El juez federal Claudio Bonadio rechazó la interpretación de la ley realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y congeló los bienes de los ex militares Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

Ahora, el presidente de la UIF, José Sbatella, decidió apelar la directiva del magistrado, sosteniendo que lo correcto sería congelar los bienes de 56 ex represores vinculados con crímenes durante la última dictadura.

Cabe destacar que la causa investiga la fuga de los ex militares mencionados. El organismo oficial debe demostrar la aplicación de las leyes y normas antilavados y antirerrismo para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La UIF había congelado los bienes de los dos prófugos y de una serie de sociedades y personas (familiares y supuestos testaferros), de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la ley antiterrorismo.

El juez Bonadio no entendió la causa de esta manera, ya que, para él, se investiga una fuga y no actividades financieras vinculadas al terrorismo. Esta interpretación dificulta la estrategia oficial ante el GAFI, a presentarse entre los días 13 y 18 de octubre.