De esta manera lo dispuso la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en dos expedientes conexos por la discriminación a los habitantes de la villa 31 y 31 Bis y los emplazamientos habitacionales precarios.

La Cámara instó a la Administración de Mauricio Macri que preste "de manera permanente y durante las 24 horas del día servicios de emergencias en las villas, asentamientos y complejos habitacionales precarios y carenciados de la Ciudad, hasta el lugar o domicilio requerido para el auxilio".

Todo comenzó con una acción de amparo impulsada por la Asesoría Tutelar, la cual determinó la prestación de emergencias con ambulancias del SAME acompañadas de un móvil de la Policía Metropolitana (la medida no solo abarca a la Villa 31 y 31 bis de Retiro, sino también a todas la villas y asentamientos porteños).

En una decisión similar de la justicia, el Gobierno porteño realizó una apelación, lo que fue rechazado por las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrink al considerar que "el propio director del SAME resaltó, en la audiencia llevada a cabo en este tribunal, la necesidad de que exista un acompañamiento por parte de la Policía para ingresar a las villas con las ambulancias".

Asimismo, los jueces resaltaron que el derecho a la salud "se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal". Por este motivo, insistieron en la celeridad del cumplimiento de la medida.