No es ajeno a la opinión pública el reclamo del grupo español Marsans, que solicita 1600 millones de dólares por Aerolíneas Argentinas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Lo que sí es novedoso y nunca antes aplicado es la transformación en la estrategia nacional: ahora la Argentina presentó una contrademanda contra Marsans por 940 millones de dólares.

Con esta iniciativa, la administración de Cristina Fernández busca licuar el reclamo legal y forzar un laudo, en seis meses o un año, que conlleve el menor costo posible para el país.

María Esther Abbona, procuradora del Tesoro de la Nación, fue la encargada de acercar la postura a Washington, Estados Unidos, junto al gerente financiero de Aerolíneas, Pablo Ceriani.

Cabe señalar que la demanda contra la Argentina es llevada a cabo por el fondo buitre Burford Capital, el cual adquirió los derechos de reclamar al holding español que se encuentra en bancarrota.

En referencia al litigio, la parte demandante exige por el congelamiento de las tarifas y la expropiación del 2008. Por su parte, el Gobierno argentino manifiesta que encontró un patrimonio negativo por una cifra similar a la que decidió contrademandar.

De emitirse el laudo en el transcurso del año y Burford tuviera que cobrar, tendría que refrendar el veredicto en Argentina. Ya en febrero el juez Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado nacional a la expropiación de las acciones de la compañía.