El pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia y se encuentra vinculado a la participación no informada de la compañía de telefonía y de otras firmas en Telecom a través de la compra de acciones.

Cabe señalar que la multa había sido confirmada por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, pero la suma era muy inferior a la que había estipulado la Comisión de Defensa de la Competencia.

Si el fallo de la cámara estuviera vigente, la sanción ascendería a 50 millones de pesos, en vez de los 240 millones fijados en una instancia anterior. Además, las sanciones a las otras firmas no tendrían validez legal.

En este aspecto, el dictamen señala que "era verosímil que sociedades constituidas en el extranjero que celebraron una transacción financiera o bursátil pudieran haber incurrido en error respecto de los recaudos impuestos por la autoridad argentina que regula la defensa de la competencia".

Por su parte, la Procuraduría entendió que todas las empresas participantes de la operación Telco, de Italia, compañía controlada por Telecom, debían ser susceptibles a sanciones, al igual que Telefónica SA.

La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, manifestó que las sanciones "fueron determinadas en función de un conjunto de factores, que el fallo de la Cámara apenas mencionó. Sin efectuar un análisis concreto con relación a los hechos del caso, ni a las valoraciones efectuadas por la Secretaría de Comercio Interior al respecto, (la Cámara) consideró que la sanción era excesiva".

En 2007, Telefónica SA había adquirido el 42,3% del capital accionario; Assicurazioni Generali SpA, 28%; Sintonia SA, 8,4%; Intesa San Paolo SpA, 10,6%; y Mediobanca SpA, 10,6%.