El reporte de maniobras sospechosas relacionadas con el lavado de activos tendrá un plazo de 150 días para hacerse efectivo. La Unidad de Información Financiera (UIF) fue el organismo encargado de extender dicho término.

Otra de las medidas implementadas fue el cambio en el régimen que las empresas que  emitan cheques de viajero y tarjetas de crédito no bancarias deben seguir ya que a partir de ahora tendrán que informar operaciones superiores a los $60.000 anuales.

En cuánto a la ley antilavado, a través de la resolución 1/2012, la UIF amplió el plazo a 150 días para denunciar maniobras sospechadas de lavado de dinero y remitir documentación respaldatoria.

Con las modificaciones, la UIF adecuó el accionar a la batería de resoluciones emitidas a comienzos del 2011, las cuales establecían un plazo máximo de treinta días. Esto se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que deben ser remitidas al organismo obligatoriamente por los agentes que tengan conocimiento de ellas.

También, la resolución 2/2012 modificó el régimen de información que deben seguir los emisores de cheques de viajero y tarjetas de crédito no bancarias (como las emitidas por cadenas de supermercados y centros comerciales). En este sentido, el cambio más importante se refiere a la definición de los clientes habituales (aquellos que efectúan operaciones por más de $60.000) u ocasionales (los que compran cheques de viajero u operan con tarjetas no bancarias por menos de la cifra antes mencionada).

Por su parte, José Sbatella, titular de la UIF, se encuentra en París para preparar el encuentro con el Grupo de Acción Financiera Internacional que estaba previsto para febrero. Esto está relacionado con la evaluación periódica que se realiza de Argentina, la cual se encuentra en la lista de países con deficiencias en la política antilavado.

“La cantidad de Resoluciones emitidas por la UIF, más de 120 en el último año, a la que se le suman éstas dos nuevas normas publicadas hoy, generan para los sectores controlados unos costos enormes, producen una complejidad normativa indescifrable y generan una inseguridad jurídica fuera de todo limite”, afirmó Gustavo Ferrari, diputado del Frente Peronista, con respecto a las modificaciones.