En materia de justicia, la creación de una nueva Fiscalía tiene un lugar preponderante en la agenda. El mayor incentivo a la iniciativa está dado por la presidencia griega de la Unión Europea (UE).

El ente permitiría investigar los delitos financieros contra la UE y perseguir a aquellos sospechosos ante los tribunales nacionales, lo que resulta complicado con la regulación actual.

Un dato a considerar es que la Unión pierde anualmente por lo menos 500 millones de euros a causa de operaciones supuestamente fraudulentas. Con la Fiscalía se terminarían las denominadas “lagunas jurídicas”.

Durante el 2013 se presentó la propuesta para reglamentar el desarrollo de la fiscalía como una institución independiente que servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros de la Unión Europea y los organismos de la UE.

La Fiscalía debería integrarse a los sistemas judiciales nacionales y, además, los fiscales europeos delegados podrán llevar a cabo investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente aplicando el Derecho de la Nación.

Cabe destacar que de efectuarse la nueva organización habría un único Fiscal europeo que garantizaría la uniformidad de planteamiento en todas las actuaciones. Por su parte, los acusados de fraude contra el presupuesto de la UE disfrutarán de más derechos procesales, como la interpretación y traducción, el acceso a la documentación del asunto y a un abogado.