Desde 2015, el llamado proyecto de ley “Fármacos II” ha sido el foco de una discusión importante sobre cómo abordar la cuestión crítica de avanzar hacia un acceso más efectivo a los medicamentos y fomentar una competencia más justa en el mercado farmacéutico, al tiempo que promueve la innovación y protección de la propiedad intelectual en este sector industrial clave para la economía de Chile.
En noviembre de 2019 el Fiscal Económico Nacional (FNE) publicó un estudio en profundidad sobre el mercado de fármacos, que mostró resultados significativos que respaldan la visión del proyecto de ley, proporcionando datos sustanciales sobre asimetrías arraigadas y prácticas comerciales problemáticas de la industria farmacéutica que estarían impactando el acceso a drogas por parte de la población chilena.
Varias de las recomendaciones incluidas en el estudio de la FNE tienen como objetivo instituir la obligación de los médicos de recetar medicamentos bajo la “Denominación Común Internacional (DCI)” del compuesto; impulsar el mercado de medicamentos bioequivalentes, asegurando una mayor transparencia en los procesos de licitación pública para la compra de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast); y permitir ventas directas en establecimientos que no sean farmacias, así como compras en línea, entre otros.
En este mismo sentido, la Cámara de Diputados despachó recientemente el proyecto de ley “Fármacos II” al Senado, para continuar con la revisión constitucional y la eventual aprobación. El ejecutivo, a su vez, le ha puesto urgencia al proyecto de ley para acelerar las discusiones legislativas.
Por Francesca Rodríguez(*)
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