Laura Dominique Pilleri, travesti de 51 años de edad, estaba cumpliendo su condena carcelaria en la penitenciaría de Colonia Monte Cristo, lugar donde hay 200 hombres alojados.

Su abogado había solicitado que se recaratulara la causa teniendo en cuenta que la persona había tramitado su nuevo Documento Nacional de Identidad con un nombre acorde a su condición.

Asimismo, se pidió que se traslade al actor involucrado al penal correspondiente. Por su parte, el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación hizo lugar al cambio de género en la carátula, pero desestimó la transferencia por “su condición físico-anatómica”.

Más tarde, la causa llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la cual ordenó que se trasladara a Laura y, además, exigió la rectificación en el legajo judicial de su nombre, originalmente masculino. Cabe recordar que desde la sanción de la ley 26.743, Pilleri había sido la primer persona travesti privada de su libertad en tramitar el DNI.

En su determinación, firmada por las juezas Aída Tarditti, María Esther Cafure y Mercedes Blanc de Arabel, se aclara que “la legislación nacional  reconoce y protege el derecho a la identidad de género autopercibida, la que se proyecta como una potestad inherente a la persona, que va  más allá de la simple facultad de solicitar la rectificación registral ante el Registro Nacional de las Personas”.

En tal sentido, para los jueces prevaleció “el derecho de quien, encontrándose privado de su libertad, solicita su alojamiento en un establecimiento penitenciario acorde con su vivencia interna e individual del género”.