Recientemente tuve la oportunidad de leer una nota realizada por Mara Tomietto*, periodista argentina residente en Río de Janeiro, quien describe allí la lucha brasileña contra la corrupción de funcionarios estatales en perjuicio de fondos públicos. En su trabajo titulado ‘El héroe brasileño es un juez’ describe el proceso judicial que se sigue por parte del Superior Tribunal de Justicia brasileño a los funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT) que desviaron fondos estatales a fin de ser utilizados en campañas proselitistas que tenían como consecuencia obtener las mayorías parlamentarias para controlar el congreso de ese país. * http://blogs.perfil.com/carioca/2012/10/09/el-nuevo-heroe-brasileno-es-un-juez/ Luego de leer el artículo, inmediatamente me planteé si esa situación sería posible en nuestro país. Es que resulta evidente que uno de los temas que más nos preocupa hoy en día es, justamente, la independencia de nuestros magistrados para enfrentar determinados casos en los que resultan involucrados ya sea intereses estatales o grupos económicos de gran importancia. Recordemos que la división de poderes proclamada por nuestra Constitución Nacional en tanto válvula de equilibrio y distribución del poder estatal entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tiene como efecto -o lo debería tener- que ninguno de ellos avasalle a los otros dos, procurando que cada uno sea la máxima autoridad en su ámbito. Sin embargo, ese equilibrio es, en realidad, un modelo ‘ideal’ ya que habitualmente los tres poderes se encuentran en constante tensión, ampliando y retrayendo su ámbito de acción. Lo cierto es que en nuestro país, y en buena parte de Latinoamérica, quien suele ampliar en mayor medida y con mayor frecuencia el ámbito de su poder -ocupando espacios propios de los demás poderes- es el Poder Ejecutivo. Quizás la propia naturaleza de nuestros sistemas, de tono presidencialista exacerbado, tiene esta consecuencia, pero lo cierto es que ello tiene directa incidencia en la mentada independencia de nuestros magistrados. Pero los problemas que se plantean son algo más que sistémicos, ya que tienen eco en los derechos de los ciudadanos. Así, como es habitual, donde mayor gravedad cobra esta circunstancia es en el ámbito penal, donde -como ha dicho nuestro Máximo Tribunal en numerosos precedentes- se encuentran en juego los derechos más sagrados de los ciudadanos. Por ejemplo, en los últimos tiempos se han dado varios casos en los que mediante impulso del poder político se pretendió destituir a magistrados penales por conceder libertades legalmente procedentes. Un caso emblemático es el del Dr. Rafael Sal Lari –titular del Juzgado de Garantías nº 3 de San Isidro- quien fue suspendido de su cargo desde 2009 a fin de ser sometido a un proceso de destitución mediante una acusación promovida por el intendente de San Isidro Gustavo Posse junto a particulares, la cual fue luego desistida por la imposibilidad de reunir una caución económica por parte de estos últimos. El magistrado fue absuelto y restituido en su cargo, pero lo cierto es que fue apartado de su cargo durante tres años simplemente por hacer cumplir la ley. Parecería que la única finalidad que tuvo dicho proceso fue advertir a otros magistrados acerca de los peligros de contradecir las opiniones del ejecutivo en temas como, por ejemplo, la inseguridad y las garantías de los imputados. Recientemente, se ha producido otro caso similar respecto del Juez de Ejecución Penal de la Capital Federal, el Dr. Axel López, esta vez en relación a la concesión de libertades condicionales. Estas graves injerencias del poder político respecto de su par judicial considero que son inaceptables e, inevitablemente, como se dijo, terminan influyendo en numerosos magistrados que por temor a perder su trabajo –como lo sufriría cualquier trabajador en cualquier ámbito- ven afectada su independencia e imparcialidad a la hora de juzgar un caso. Ya fuera del ámbito penal, en nuestro país se avecina la resolución de una causa que pondrá a prueba la independencia de nuestro poder judicial: El juzgamiento sobre la alegada inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley de medios, litigio entre el Grupo Clarín y el Estado Nacional ampliamente publicitado en toda la prensa. A todas luces resulta una prueba de fuego para el Poder Judicial Nacional en tanto pocas veces se ha observado el grado de presión de parte del ejecutivo nacional que se está ejerciendo para con aquel magistrado que quede a cargo del caso. Y esta última circunstancia –actualmente se encuentra vacante el cargo del juzgado que debe intervenir- evidencia una irregularidad ostensible teniendo en cuenta la intervención del poder ejecutivo en la selección de magistrados, sin duda una cuenta pendiente de nuestro ordenamiento. De todos modos, y sin perjuicio de las consideraciones efectuadas, no pierdo la esperanza de que los héroes argentinos –quizás emulando a sus pares brasileños- finalmente resurjan y, sin importar lo que se resuelva, fallen lo que corresponda a su conciencia y a su sano criterio racional sin dejarse llevar por los intereses estatales o de grupos particulares ya que sobre sus espaldas reposa, en última instancia, la validez y vigencia de todos nuestros derechos. Dr. Federico A. Borzi Cirilli www.estudioborzicirilli.com.ar