La titular del juzgado Criminal y Correccional Federal número 1, María Servini de Cubría, dispuso el procesamiento y el embargo de bienes de dos empresarios que son considerados como coautores responsables del delito de lavado de activos.

La maniobra delictiva fue detectada a raíz de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de un reporte de operación sospechosa (ROS) por un monto aproximado de 400.000 dólares.

Los hermanos procesados habían creado cinco sociedades comerciales, entre junio y agosto de 2007, de las que solo una había realizado operaciones por una suma de 8,5 millones de pesos.

Las empresas pantalla habían realizado maniobras económico financieras, abierto cuentas bancarias, comprado tierras de la provincia de Santiago del Estero, automóviles de alta gama y realizado operaciones inmobiliarias para dar apariencia lícita a las ganancias.

En su investigación, la UIF detectó ciertas irregularidades vinculadas a operaciones realizadas y a la situación patrimonial de los imputados. Por ejemplo, no se encontraron registrados empleados en relación de dependencia.