En el marco de una causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en la compra de maquinarias a una compañía alemana, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento dispuesto sobre Armando Gostanian, ex titular de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Carlos Menem.
En la causa “Gostanian, Armando y otros s/ procesamiento”, los jueces de la Sala II explicaron que la presente investigación tuvo como finalidad “establecer si existieron irregulares cobros de dinero por parte de funcionarios de la Casa de la Moneda Sociedad del Estado, en el marco de diversas contrataciones llevadas a cabo por esta última durante los años 1994 y 1999, a través de las cuales se adquirieron equipos y repuestos de maquinas numeradoras a la empresa alemana Atlantic Zeiser GmbH & Co. KG., representada en el país por Moligraf S.A.I.C., luego Acremo S.A”.
Añadiendo que “de común acuerdo entre las partes, la maniobra habría consistido en elevar los precios de los bienes a adquirir entre un 40 y un 50 por ciento de su valor real a efectos de que, una vez efectuados los pagos por parte de la Casa de la Moneda, Atlantic Zeiser depositara tal diferencia en cuentas bancarias predeterminadas”.
Al ratificar la resolución apelada, la mencionada Sala sostuvo que “no existió ofrecimiento de “dadivas” a efectos de que los funcionarios hicieran o dejaran de hacer algo relativo a sus funciones tal como exige la figura, sino que, de adverso, se acreditó que la firma Atlantic Zeiser actuó como vehículo para la sustracción de caudales, pues a través de la actividad ilícita concertada por Gostanián, Chorbadjian y Kalfaian, con la participación de Molina -y de Schillinger, quien en orden a tales hechos fue investigado por las autoridades de su país-, se obligó a la Casa de la Moneda a afrontar pagos indebidos con la única finalidad de alzarse con las diferencias prefijadas”.
En base a ello, los jueces concluyeron que “en la medida en que existió una ilegítima apropiación de los fondos públicos cuya disposición y administración les había sido confiada, entiendo configurada la hipótesis delictiva prevista por el artículo 261 del Código Penal”.
Por otro lado, la resolución firmada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, redujo el monto del embargo que había sido dispuesto en primera instancia en la suma de diez millones de pesos.
Cabe remarcar que dicha resolución también alcanza a Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjián, ex funcionarios de la Casa de la Moneda, y al empresario Jorge Molina, quienes se encuentran acusados por el delito de peculado.
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