El proyecto 1114-D-2026, presentado por la diputada María Jimena López, propone la creación de un régimen de protección y acompañamiento parental basado en la edad para el acceso a redes sociales, bajo un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas prestadoras y las familias.
En particular, la iniciativa prohíbe la creación de cuentas en redes sociales para menores de 13 años, salvo excepciones fundadas en el interés superior del niño. Por su parte, se permite el acceso entre los 14 y 16 años únicamente con consentimiento de los responsables parentales, mientras que habilita su uso entre los 16 y 18 años, salvo inhabilitación judicial.
Asimismo, el proyecto impone obligaciones a las plataformas digitales, que deberán implementar sistemas robustos de verificación de edad como condición para operar en el país, así como mecanismos confiables y trazables para la obtención del consentimiento parental.
A su vez, se establece que las empresas prestadoras de servicios de redes sociales deberán ofrecer guías gratuitas de buenas prácticas para el uso responsable, redactadas en lenguaje claro, basadas en estándares nacionales e internacionales y aprobadas por la autoridad de aplicación.
Por su parte, la autoridad de aplicación tendrá a su cargo el desarrollo de campañas de concientización sobre los riesgos y beneficios del uso de las tecnologías de la información, así como sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.
En caso de incumplimiento, el proyecto prevé la aplicación de sanciones que incluyen apercibimientos, multas de hasta el 30% de la facturación mensual total correspondiente al ejercicio financiero anterior de la empresa y la eventual inhabilitación para operar en el país.
Según el proyecto, la propuesta se enmarca en una tendencia internacional orientada a reforzar la protección de los menores frente a los riesgos del entorno digital. En este contexto, se ha destacado la necesidad de que las plataformas asuman un rol activo en el diseño de entornos digitales más seguros, mediante la adopción de medidas preventivas, la promoción de la alfabetización digital y el fortalecimiento de los marcos regulatorios aplicables.
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