El fiscal federal Miguel Ángel Osorio, a cargo de la Fiscalía número 10, recibió nueva evidencia en el marco de una investigación por el aumento patrimonial de las máximas autoridades de la empresa.

La justicia se encuentra analizando el pedido de embargo preventivo sobre el Grupo Clarín por aproximadamente 800 millones de pesos. La pesquisa se refiere a un supuesto fraude a los jubilados.

La investigación se inició luego de que se presentaran una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generados por el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En un primer momento, la Unidad de Información Financiera (UIF) llevó a cabo un análisis para que posteriormente la investigación pase a la procuraduría antilavado.

El Grupo había sido denunciado por participar de una maniobra para defraudar a las AFJP, mediante la adquisición compulsiva de sus acciones con fondos previsionales. Los ROS conformarían la primera prueba del destino de ese dinero.