Hace poco tiempo mediante una resolución de la Secretaría de Comercio Interior (a cargo del polémico Guillermo Moreno) se intentó regular el precio de los productos que Papel Prensa pone en el mercado. De lo que se trataba era de intervenir en la política de descuentos por volumen que la empresa efectúa a sus clientes en relación a las cantidades que se adquieren. Es decir que, por política propia y de iniciativa privada, la empresa efectuaba “rebajas” a ciertos clientes de acuerdo al volumen que cada uno de ellos adquiría, todo ello en el marco de la libertad comercial que supuestamente impera en nuestro país. Pero parece ser que algunas voces del gobierno no piensan tan así. Funcionarios del área del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comercio Interior se manifestaron en el sentido de que era necesario la intervención estatal regulando los precios, ya que son muchos los clientes que posee la empresa y el trato diferencial debe regularlo el estado. Recordemos que Papel prensa es propiedad del grupo Clarín, de La Nación, del estado y un pequeño porcentaje cotiza en bolsa. Más allá de este caso puntual, lo cierto es que ha habido varios intentos desde el gobierno de intervenir de manera preocupante en la actividad privada, por lo menos a los ojos de un capitalismo serio y responsable del siglo XXI que ve con malos propósitos (y quizás lleva razón) que se busque inmiscuirse demasiado desde los poderes públicos en cuestiones que son resorte del libre juego de la oferta y la demanda. No es aceptable el argumento de que el estado debe velar por superar las diferencias sociales y redistribuir la riqueza, ya que nadie niega esa potestad más que importante; pero otra cosa muy distinta es tratar de regular en exceso la actividad privada, que ha sido la fuente indudable de crecimiento del país desde su existencia como tal. El reciente fallo del Dr. Marinelli que hace lugar al amparo interpuesto y suspende a título cautelar la vigencia de la medida dictada por la Secretaría de Comercio Interior, con sustento en que el régimen aplicable a la empresa es de derecho privado no admitiendo prerrogativa alguna a favor del estado, siendo la imposición de precios una restricción a su ámbito de libertad comercial y perjudica el giro del negocio. La decisión llega en un momento complicado desde el punto de vista institucional, ya que el gobierno ha recibido el revés de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para utilizar las reservas con la finalidad de pagar deuda. Lo que se espera, es que no se tome todo esto como un ataque al gobierno, sino como el freno institucional de un poder legítimo a otro poder del mismo modo legítimo. Por Dr. Alejandro Amendola